El Senado debate esta semana la ley del suelo del PP semanas después de caer la del PSOE

La política de vivienda volverá esta semana a ser motivo de confrontación entre el PSOE y el PP, que someterá a debate en el pleno del Senado su proposición de ley del suelo, tres semanas después de que no prosperara en el Congreso de los Diputados la pactada por los socialistas y el PNV.

Fuentes socialistas han confirmado a EFE que votarán en contra de la tramitación de esta iniciativa, que incluye la derogación del control de precios de alquiler y otros aspectos de la ley de vivienda que hace dos años sacó adelante el entonces Gobierno de coalición del PSOE y Podemos con sus socios parlamentarios de izquierdas.

Los populares quieren hacer valer su alternativa al Gobierno con esta propuesta de ley que califican de "reformista" y "ambiciosa" y que implica la modificación de cuatro normativas existentes: la ley del suelo, la ley de vivienda, la ley de jurisdicción contencioso- administrativa y la ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

Acerca de la ley del suelo

En lo relativo a las modificaciones de la vigente ley del suelo, el planteamiento de populares y socialistas es similar y pretende impedir que los planeamientos urbanísticos se puedan anular en los tribunales por un defecto formal o de procedimiento.

Estas anulaciones, que se producen después de una compleja tramitación que dura entre ocho y doce años, no solo afectan a la seguridad jurídica de las entidades locales, sino que suponen un obstáculo para ampliar la oferta de vivienda asequible.

Los datos de Cataluña

La regulación de los alquileres, que según el Ejecutivo está funcionando en Cataluña -única comunidad que la aplica desde hace un año-, se perfila una vez más como el principal punto de discrepancia entre la derecha y la izquierda en el debate del próximo martes, en el que la ley del PP se somete a su primera votación.

Según el Ministerio de Vivienda, el precio medio de los alquileres ha revertido la subida que venía experimentando y ha caído un 3,7 % en el conjunto de los municipios catalanes declarados tensionados y un 6,4 % en Barcelona.

Los socialistas niegan además que este descenso de precios haya ido acompañado de una reducción de la oferta, como sostiene el PP, que se niega a declarar zonas tensionadas para controlar los alquileres en las comunidades autónomas en las que gobierna.