El sistema público de pensiones busca sostenibilidad ante las incertidumbres

La última propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para la reforma de las pensiones supone una nueva vuelta de tuerca en una negociación que avanza con muchas dificultades. Pero al Gobierno español le urge, puesto que la Comisión Europea le ha exigido que presente un documento acordado con los agentes sociales antes de fin de año si quiere mantener el calendario acordado con Bruselas para los desembolsos correspondientes a los fondos de recuperación postcovid Next Generation. Los expertos consultados coinciden en subrayar que la oferta de Escrivá, que busca elevar de 25 a 30 años el período de cálculo para acceder a una pensión contributiva, supone un “endurecimiento” de las condiciones en un panorama, el relativo a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que va a estar dominado por la “incertidumbre” en el futuro.

“Es más un globo sonda que una propuesta, hay muchos matices que no quedan aclarados. El Gobierno quiere cambar las reglas para el cómputo de la pensión porque las cuentas no cuadran”, dice el consultor Iñaki Fernández de Gamboa, miembro del Colegio Vasco de Economistas. Y no le falta razón. En 2023, según un estudio de BBVA Research, “el déficit del sistema contributivo aumentará por encima de los 30.000 millones de euros (un 2,2% del PIB), con unos ingresos equivalentes al 12,0% del PIB y unos gastos que crecerán hasta el 14,2%”. Mientras tanto, el Fondo de Reserva, ‘la hucha de las pensiones’, ha pasado de tener 67.000 millones de euros en 2011 a 2.138 millones a fines del año pasado. La propuesta nace obligada por la urgencia de la Comisión Europea, que quiere que antes de fin de año se le presente una propuesta viable. En realidad, se trata de la segunda parte de los cambios aprobados el año pasado, por los que se mantuvo el poder adquisitivo de las pensiones acorde al IPC y se reemplazó el Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

“Con la ampliación a más años para calcular la base reguladora de la pensión, la prestación a recibir va a ser menor, entre un 3% y un 10% que la actual, porque en los primeros años de trabajo se gana menos y la cotización es menor”, dice José Ramón Urrutia, exviceconsejero de Presupuestos del Gobierno Vasco y antiguo docente de la Facultad de Económicas de la UPV-EHU. Además, ese aumento dañaría a quienes tengan trayectorias laborales más cortas e inestables. “Supone un endurecimiento y que determinados colectivos tengan dificultades para acceder a una pensión”, dice Fernández de Gamboa. Para “endulzar” esta medida se busca que de esos 30 años de cotización necesarios se puedan descartar los dos peores. 

Esta posibilidad de elegir los mejores años es uno de los puntos sobre los que pivotan los análisis de los expertos. Un estudio del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de la Universidad de Extremadura y de Valencia, calcula un recorte medio inicial de las pensiones del 8,8% si el cálculo de los 25 años que rige desde la reforma de 2011 pasara a 35, una idea que satisfaría más a Bruselas. Pero, si de esos 35, se pudiesen elegir los mejores 25, las nuevas pensiones iniciales crecerían un 6,5%. Los trabajadores con menores bases de cotización verían mejorada su pensión en mayor proporción que los aportan por bases más altas, lo que, según este estudio, dañaría la equidad distributiva y la sostenibilidad. Escrivá ya ha descartado la ampliación hasta los 35 años y busca avanzar hacia una fórmula de efecto más neutro para los pensionistas y también para las cuentas de la Seguridad Social, más en la línea de la que ha sugerido el Banco de España. Si el cómputo se elevase hasta los 35 años, pero se pudiesen elegir los mejores 29, ofrecería unas pensiones medias similares a las de ahora, con la ventaja de que crecerían los ingresos en las arcas de la Seguridad Social.