El soberanismo planta cara en el Congreso interviniendo en las lenguas cooficiales

Los soberanistas han plantado a la presidencia del Congreso pronunciándose desde la tribuna del pleno en sus respectivas lenguas propias y, si bien se les ha permitido intervenir así unos minutos, finalmente se les ha retirado el uso de la palabra. Los portavoces de PNV, EH Bildu y PDeCAT han preferido dirigirse haciendo una traducción simultánea de sus argumentos. Ha sido el modo de rebelarse a la decisión del PSOE de votar en contra de la propuesta de ley de PNV, ERC y el Grupo Plural para reforzar el reglamento de cara a la utilización de las lenguas cooficiales en la Cámara baja con el pretexto socialista de que es el Senado la Cámara donde se abordan los asuntos territoriales, posición que los socios de Pedro Sánchez entienden como un ataque a la “diversidad”.

“La Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, aprobada por el Consejo de Europa en 1992, establece el derecho a usar nuestras respectivas lenguas, tanto en la vida pública como privada, es un derecho imprescriptible que se basa en el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. En el Estado español los hablantes de lenguas distintas al castellano están lejos de ver garantizado este derecho, manteniéndose el proceso de minorización”, han denunciado en un comunicado conjunto.

Algo que, a su juicio, coincide, “no por casualidad, con una ofensiva del supremacismo lingüístico español, que quiere evitar que otras lenguas ganen espacios en ámbitos como, por ejemplo, la producción audiovisual”. “El Congreso es un claro exponente de esta situación de privilegio para el castellano. No está ni establecido en el reglamento, pero la Presidencia se apoya en los usos y costumbres para negar la expresión en cualquier otra lengua, a diferencia de otros Parlamentos en los cuales se refleja el plurilingüismo como son el de Suiza o los de Bélgica o Canadá”, señalan. En la nota emitida se añade que “el uso que se hace en el Senado de nuestras lenguas es totalmente anecdótico. Nadie percibe que esa Cámara sea un reflejo de la realidad plurinacional. Es un subterfugio escudarse en esto para rechazar la propuesta presentada”.

Desde el PNV, el diputado Joseba Agirretxea ha criticado a los “que dicen que son lenguas españolas y no hacen nada para que lo sean” porque les puede el instinto de “prevalencia del castellano”; mientras que Mertxe Aizpurua, de Bildu, ha reprochado que las lenguas cooficiales sean “invisibles” y que en el Congreso solo se acepten frases cortas. La portavoz soberanista ha explicado que “el euskera, el catalán y el gallego sufren una discriminación, se impide su uso y se presenta esta proposición para acabar con esta situación con el convencimiento de que todos idiomas merecen el mismo respeto en todas las instituciones públicas”. Previamente, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha considerado que un partido como el PSOE vote en contra “es dramático”. “España es un país con gente muy diversa, que habla y siente de forma muy diversa, que tiene banderas muy diversas... y hay gente que odia esa diversidad. Un país que no respete y valore esa diversidad simplemente no la merece”, ha manifestado el republicano. Desde JxCat, Míriam Nogueras ha recordado que el artículo 3 de la Constitución “dice claramente que el uso del castellano es un derecho y no es una obligación”: “Si aquí en el Parlamento español no cabe nuestra lengua, tampoco cabemos nosotros”.

El hemiciclo se ha convertido durante una hora en una necesaria Torre de Babel, el escenario de casi todas las lenguas cooficiales y dialectos del Estado, ya que también el diputado de Compromís Joan Baldoví se ha dirigido en valenciano, mientras el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reivindicado el valor de las lenguas en habla aragonesa. Para el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, es el Senado la Cámara donde “se tratan los aspectos de carácter territorial” y las “sensibilidades en todos los ámbitos”.

PP, Vox y C’s han argumentado que la imposición viene de los nacionalistas, que buscan separar a ciudadanos de primera y de segunda, y creen que implantar el uso de las lenguas cooficiales supone un elevado coste.