El Pleno del Congreso aprobará este jueves el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, previsiblemente con una amplia mayoría y con la incorporación de más de doscientas enmiendas, un texto que luego deberá continuar su tramitación en el Senado.
Por el momento, el proyecto de ley ya tiene asegurados los 174 votos que necesita para ser aprobado por mayoría simple (más síes que noes, ya que el escaño del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez sigue vacío y BNG se abstendrá): PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1).
Aún así, todo apunta a que finalmente ERC (13) confirmará su apoyo a las cuentas -de hecho, ya ha incorporado un buen número de enmiendas-, lo que ampliará la mayoría hasta los 187 votos favorables.
l pleno del Congreso debate y vota este jueves la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético, la banca y las grandes fortunas que será aprobada con el apoyo de los socios habituales del Gobierno de coalición, tras los cambios introducidos durante la tramitación.
Impuestos a la banca, las energéticas y el gravamen a las grandes fortunas
El que ya se conoce como 'superpleno' del Congreso también votará este jueves otras cuestiones, como la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético, la banca y las grandes fortunas que será aprobada con el apoyo de los socios habituales del Gobierno de coalición, tras los cambios introducidos durante la tramitación.
Entre esos cambios está el del propio impuesto a las fortunas de más de 3 millones de euros, que ha sido introducido como enmienda parcial, imposibilitando que su diseño sea enmendado, lo que ha generado críticas tanto entre la oposición como entre los socios del Ejecutivo.
También vía enmienda parcial se ha incluido la limitación de la compensación de las pérdidas de filiales de los grupos empresariales en el impuesto de sociedades al 50 % en el ejercicio 2023.
Sobre los tres impuestos sobrevuela la posibilidad de que sean recurridos ante el Tribunal Constitucional, en el caso de los que se aplicarán a las empresas porque no gravan efectivamente los beneficios extraordinarios consecuencia del contexto inflacionario, sino las ventas (en las energéticas) y los márgenes ordinarios (en la banca).
En ello han incidido PP, Vox y Ciudadanos, que del impuesto sobre las grandes fortunas han apuntado a una posible inconstitucionalidad por invadir la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Traspaso a las Haciendas forales
El Gobierno vetó en un principio la mayoría de las enmiendas presentadas, salvo las de PSOE y Unidas Podemos, pero decidió después retirar su disconformidad en aras de la negociación. Eso ha permitido pactar cambios con PDECAT, PNV y EH Bildu como la exclusión de los ingresos por actividades reguladas del gravamen a las energéticas o el traspaso de la gestión de los impuestos sobre energéticas y bancos a las haciendas forales de la CAV y Navarra.
Con EH Bildu también se ha acordado que el Gobierno realizará, en el cuarto trimestre de 2024, un estudio sobre los resultados de ambos tributos para evaluar la posibilidad de hacerlos permanentes tras dos años en vigor.
La supresión de la sedición comienza su tramitación
La propuesta del PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición llega este jueves al Congreso, que abordará la toma en consideración de la reforma con una inusual votación a viva voz y diputado por diputado, fórmula a la que ha forzado el PP con el objetivo de que los socialistas tengan que "retratarse".
Tras la votación de las cuentas públicas, el Congreso celebrará un segundo pleno en el que aprobará previsiblemente la toma en consideración de la reforma del delito de sedición tras un debate que, de entrada, se espera bronco tras las duras críticas al texto que han llegado desde PP, Vox y Ciudadanos, que consideran que está hecho a medida para los líderes independentistas catalanes implicados en el "procés".
Por el momento, el PP ya ha forzado a que la votación sea por llamamiento, es decir, diputado a diputado y a viva voz, para que cada parlamentario socialista manifieste su voto en público. Los 'populares' pueden obligar a que se celebre de esta manera porque tienen más de una quinta parte de los diputados, como estipula el Reglamento del Congreso.
Se trata de una votación muy inusual, ya que esta fórmula solo se emplea para mociones de censura, cuestiones de confianza o debates de investidura; se hizo también, por ejemplo, con la ley de abdicación en 2014, cuando el rey Juan Carlos abdicó en su hijo, Felipe V.
En el aire el delito de malversación
Tras la votación, esta iniciativa iniciará su tramitación parlamentaria, que continuará después con la presentación de enmiendas de totalidad y luego al articulado, proceso en el que podrían registrarse enmiendas para modificar también el delito de malversación, como quiere ERC.
Los republicanos trasladarán esta reclamación al pleno, pese a que el Ejecutivo ha enfriado las expectativas después de que los socios de coalición, Unidas Podemos, y los aliados de investidura no vean claro la modificación de un delito que podría afectar a otros casos de corrupción.