El Supremo anula el traspaso a Euskadi de la homologación de títulos extranjeros

Actualizado hace 4 minutos

El Tribunal Supremo ha anulado en su totalidad el Real Decreto por el que se traspasan Euskadi funciones y servicios de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español.

En dos sentencias la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo concluye que si para el Tribunal Constitucional "la actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado, por las mismas razones ha de serlo la consistente en verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros, ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenidos".

En el momento en el que el Tribunal Supremo decretó la suspensión cautelar del traspaso a Euskadi de las funciones para la homologación de títulos extranjeros en julio de 2024, el Gobierno vasco reivindicó que se trataba de una competencia contemplada en el Estatuto y legalmente asumida por las instituciones vascas.

Señala que es competencia del Estado

En julio de 2024 el Supremo ya había decretado la suspensión cautelar del traspaso a Euskadi de las funciones para la homologación de títulos extranjeros a la espera de resolver los recursos en su contra, y ahora ha decidido anularlo en dos sentencias la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo.

En ellas argumenta que el Tribunal Constitucional ya ha establecido que "la actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado".

Del mismo modo, señala ahora el Supremo, también ha de corresponder al Estado verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros, "ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenido".

El Gobierno Vasco argumentaba por su parte que se trata de una competencia contemplada en el Estatuto de Gernika y legalmente asumida por las instituciones vascas. El Ejecutivo de Imanol Pradales quería además esta competencia para agilizar los trámites de cara sobre todo a paliar el problema de falta de médicos en la Atención Primaria.

En estas dos sentencias el TS estima los recursos interpuestos por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España contra el real decreto. Hay además otros cinco recursos que están pendientes de sentencia interpuestos por otras tantas organizaciones profesionales.

"No caben traspasos de funciones"

En ellas el Supremo se plantea si el real decreto del traspaso es una ampliación de funciones y servicios en materia de enseñanza o por el contrario una transferencia extraestatutaria contraria a la Constitución.

Para resolverlo acude a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia sobre las profesiones de abogado y procurador establece que las competencias de expedición de títulos corresponden al Estado, no sólo en la referente a su regulación, sino también en aspectos ejecutivos como la comprobación del nivel de la formación exigido para obtenerlos.

El TS considera que si para estas profesiones la competencia es estatal no hay razones para entender que sea diferente en el caso de la homologación de títulos universitarios extranjeros. Por tanto, añade, "la competencia, aun siendo ejecutiva, es del Estado" y "no caben traspasos de funciones y servicios a las comunidades autónomas".

Esto no contradice -continúa el fallo- el artículo 16 del Estatuto de Gernika, que atribuye a Euskadi la competencia de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, porque dicho artículo excluye expresamente las facultades sobre la homologación de títulos que la Constitución atribuye al Estado.

Tampoco considera contradictorio que algunas comunidades autónomas puedan convalidar títulos no universitarios. Así está recogido en los estatutos de Catalunya y Andalucía y también en los reales decretos que ampliaron las funciones en esta materia de Galicia, Catalunya y Euskadi. En este sentido el Supremo considera que estos acuerdos no tienen "el mismo objeto" que el Real Decreto anulado, que se refiere a los títulos universitarios.

Posible recurso

El Gobierno Vasco analiza interponer recurso ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia de Tribunal Supremo (TS) que anula en su totalidad el Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, por el que se traspasan a Euskadi funciones y servicios en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español.

En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha afirmado que presentará recurso a fin de "defender el autogobierno vasco, el pacto alcanzado y a las miles de personas que se verán afectadas por esta sentencia".

Según ha expresado, la sentencia del Tribunal Supremo que este viernes ha recibido y que anula el acuerdo de traspaso que alcanzaron los gobiernos vasco y español para que Euskadi gestione la homologación de títulos universitarios extranjeros les ha "defraudado totalmente por su enorme trascendencia política, su trascendencia en las necesidades que Euskadi tiene de profesionales (médicos, enfermeras, abogados, etc.) y que hoy han visto denostados sus derechos".

Tras calificar de "inaceptable" esta sentencia del TS, ha reprochado que "pretende socavar un acuerdo político de carácter bilateral, que es fundamental para el desarrollo del autogobierno vasco y para dar respuesta a las necesidades de miles de vascas y vascos".

En esta línea, ha apuntado que esta sentencia es una "intromisión clara en el ámbito político". "La anulación del traspaso que hoy hemos conocido también interpela al Gobierno español", ha dicho, por lo que ha solicitado al ejecutivo Sánchez que realice "de manera urgente" todos los cambios jurídicos necesarios para revertir esta situación "para que hechos como estos no puedan volver a suceder". "Unas modificaciones que impidan que determinados tribunales puedan juzgar ámbitos que no son de su competencia", ha precisado.

Para concluir, ha constatado que Euskadi "tiene reconocidos sus derechos históricos en el ordenamiento jurídico vigente". "El Estatuto de Gernika es nuestra norma institucional básica. Debe ser respetado y garantizado en su desarrollo, también desde instancias judiciales siguen pensando que las personas sólo tienen derechos si los gestiona un poder central y en manos de unos pocos", ha concluido.