El Gobierno Vasco acaba de recibir el quinto revés judicial en el litigio que mantiene con la hostelería vasca tras la orden decretada en el invierno de 2020 de cerrar establecimientos en municipios que se encontraban por aquel entonces en zona roja, durante uno de los momentos más duros de la pandemia. Esta nueva resolución que abre la puerta a pedir indemnizaciones.
La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha vuelto a dar la razón a los hosteleros de Euskadi. En una providencia dictada el pasado 15 de diciembre, no ha admitido el recurso de casación interpuesto por el letrado del servicio jurídico del Gobierno Vasco contra la sentencia del Tribunal Superior Vasco (TSPV) que ya falló a favor de los hosteleros.
Contra esta nueva resolución del Alto Tribunal no cabe recurso, de modo que pasa a ser firme la sentencia del Superior Vasco del 5 de mayo de este año, que declaró nulas las disposiciones del Gobierno Vasco relacionadas con el cierre de la hostelería en diciembre de 2020 y enero de 2021.
El TSJPV ya había dado la razón a los hosteleros al considerar que a la hora de establecer las restricciones en el sector “no realizó un análisis específico sobre las medidas aquí impugnadas ni sobre su necesidad, proporcionalidad e idoneidad”.
El Ejecutivo aportó datos que “justifican la alta incidencia del virus SARS COV-2”, según reconoció el fallo judicial. Pero el tribunal señaló, no obstante, que las medidas concretas adoptadas carecían de “específica justificación”, pues las argumentaciones esgrimidas serían “aplicables a multitud de medidas en muy diversos ámbitos”.
“ ”
El Supremo ha resuelto con inusitada rapidez, en apenas seis meses, con una providencia que supone el quinto varapalo judicial que recibe el Gobierno Vasco por su estrategia para contener la pandemia. El revés en esta ocasión llega de una instancia superior. “Queda evidenciada la injusticia que se ha cometido en el sector. Se nos ha utilizado de cabeza de turco para tapar la incompetencia de quien lo tenía que haber hecho bastante mejor”, denuncia a este periódico Kino Martínez, secretario general de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.
Ya en la sentencia de mayo de 2022 el propio TSJPV señaló que el gobierno no había aportado evidencias científicas relevantes para cerrar la hostelería durante el embate de la pandemia, teniendo en cuenta además que se produjeron mayores contagios en sectores como la educación o el mundo laboral. El Supremo ha venido a corroborar la decisión que tomó el TSPV. El alto tribunal considera que el objeto de recurso (el cierre) presenta “un marcado carácter casuístico que se aleja de la virtualidad expansiva que persiguen las resoluciones del Supremo”.
La resolución judicial señala que el recurso presentado no justifica la concurrencia de interés casacional objetivo. La providencia impone al Gobierno Vasco, además, el pago de las costas del procedimiento, que se fija en 2.000 euros.
Ausencia de "necesidad, idoneidad y proporcionalidad"
Para las asociaciones vascas de hostelería, estas decisiones judiciales "evidencian la injusticia cometida contra la hostelería vasca al reconocer, de manera clara, la ausencia de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas contra el sector a lo largo de la crisis sanitaria".
La Asociación de Hostelería de Gipuzkoa cree que este respaldo judicial "deberían hacer reflexionar a las instituciones implicadas sobre la capacidad de los integrantes del Comité Técnico del LABI”, así como sobre la necesidad de “exigir responsabilidades” a sus integrantes, que ocupan cargos de relevancia en el entramado institucional vasco. “Es que no ha sido ni una ni dos ni tres. Estamos hablando de cinco veces en las que los tribunales nos han dado la razón durante estos dos años, diciendo que era injusto lo que estaban haciendo con nosotros”, denuncia Martínez.
“ ”
Una injusticia desde todo punto de vista, según los hosteleros. “No sé si la responsabilidad es de los abogados, de los médicos o de los políticos. No sé de quién, pero alguien ha fallado. Cinco resoluciones judiciales en la misma línea demuestran que se ha cometido un error importante, y eso debería tener un efecto”, sostiene el portavoz.
La Asociación de Hostelería de Gipuzkoa anima a sus asociados, y a los hosteleros de Euskadi en general, a que, en el caso de que hubiesen sido sancionados como consecuencia de las decisiones adoptadas por el LABI, exijan la nulidad de dichas sanciones y la devolución de los importes pagados. “Queremos informar de esta resolución a los socios, porque puede haber quien haya sido multado y puede reclamar ahora la nulidad de la sanción”, apunta Martínez.
“ Se abre un plazo de un año para que los establecimientos hosteleros afectados económicamente puedan interponer reclamaciones de responsabilidad patrimonial ”
Una vez que la sentencia se publique en el Boletín Oficial del País Vasco se iniciará el plazo de un año para que los establecimientos hosteleros afectados económicamente por el cierre de sus locales como consecuencia de las medidas adoptadas en su día por el LABI, y declaradas ahora nulas, puedan interponer reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración del País Vasco.
Con respecto al posible aluvión de demandas que puede provocar esta nueva resolución, desde la asociación gipuzcoana indican que, por el momento, están realizando entre los socios una labor informativa. “No hemos promovido nada, pero, evidentemente, es algo que puede suceder”.