El Tribunal Supremo decide este martes si anula el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, la víspera de que el juez le tome declaración como imputado por la presunta revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso se reúne a primera hora para resolver el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), sobre si García Ortiz sigue siendo o no el principal responsable del Ministerio Público.
La Apif, que además está personada como acusación popular contra García Ortiz en la causa del novio de Ayuso, interpuso hace un año un recurso contra la segunda designación de García Ortiz como fiscal general, al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno durante su primera etapa mostraban que su nombramiento "no se ajusta a la ley".
Defensa de García Ortiz
La defensa del fiscal general, en su escrito de conclusiones, señala que esa asociación de fiscales imputa al fiscal general "actuaciones que no ha realizado nunca" y apunta que lo hace con "argumentos que son pura propaganda" para, entre otras cosas, "socavar al Gobierno que efectúa el nombramiento de modo indirecto".
Apif apoya su recurso en la sentencia del Supremo en la que apreció "desviación de poder" en la actuación de García Ortiz cuando anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada, lo que a su juicio hace que decaiga el requisito de jurista de reconocido prestigio, necesario para el cargo.
Poco después, García Ortiz recusó sin éxito a los magistrados por falta de imparcialidad, ya que son los mismos que resolvieron el caso de Delgado, en un movimiento que no sentó nada bien en el tribunal.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la intención de la Sala pasa por avanzar el fallo este mismo martes y, de hecho, este recurso será el primero que resuelvan de los fijados para la jornada.
Si los jueces estiman el recurso y anulan el nombramiento, competería al Consejo de Ministros la ejecución de ese fallo y hacer efectivo el cese, en tanto que el fiscal general podría presentar recurso de súplica ante el propio tribunal y, en caso de que fuese desestimado, acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.