El Supremo pide a la Fiscalía que informe sobre si investiga penalmente al fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si debe admitir a trámite la exposición razonada presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, así como otras denuncias y querellas por el mismo asunto.

La Sala de lo Penal ha dictado una diligencia de ordenación en la que acuerda acumular en una única causa las diferentes acciones presentadas contra García Ortiz por la presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Se trata de una querella de la Fundación Foro y Libertad, que fue la primera que se presentó en marzo; una denuncia y una querella del sindicato Manos Limpias y la exposición razonada del TSJM, que remitió en julio al apreciar indicios de delito en el fiscal general.

La causa arrancó por una querella de González Amador y por una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid, presentadas ante el TSJM, y aunque algunas denuncias ante el Supremo son anteriores a estas acciones, la Sala aun no se había pronunciado sobre ellas.

Con esta decisión, el Supremo pone en marcha el reloj para decidir si acuerda investigar penalmente al fiscal general del Estado, quien ya asumió públicamente la responsabilidad de haber ordenado la publicación de una nota de prensa con datos de González Amador.

Esa nota aclaraba algunos extremos de la investigación al empresario por un presunto fraude a Hacienda y de su propuesta de llegar a un acuerdo con el fiscal del caso para reducir su eventual condena ante informaciones que apuntaban a que el pacto lo habían ofrecido los fiscales y no el empresario, como había ocurrido en realidad.

Aunque está por ver qué ocurrirá con la decisión del alto tribunal, fuentes jurídicas consultadas por EFE dudan de que García Ortiz dimita si le imputan; al contrario, defenderá su actuación una vez que ya ha admitido públicamente ser quien ordenó la publicación de una nota de prensa con datos de González Amador.

Ajeno al ruido que genera esta cuestión, ya no por su futuro procesal sino también al frente del Ministerio Fiscal, García Ortiz ya dijo entonces que el paso dado por el TSJM "no ha de impedir ni alterar" el trabajo de la Fiscalía ni el suyo propio.

La Sala que estudiará la admisión a trámite o no de esas acciones estará formada por los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela.

García Ortiz, "muy tranquilo"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado este lunes que se encuentra "absolutamente tranquilo" y ha rechazado hacer "jurídico-ficción" sobre si puede ser imputado por un presunto delito de revelación de secretos.

A preguntas de los periodistas sobre si piensa dimitir en caso de ser imputado, García Ortiz ha abogado por ir "paso a paso" y "ver cómo suceden las cosas". En todo caso, se ha mostrado "absolutamente tranquilo por los hechos y por cómo van las cosas", ha dicho, durante la atención a medios que ha tenido en Granada con motivo del acto de toma de posesión de Concepción Rodríguez Cabezas como nueva fiscal jefa de esta provincia.

Así, ha abogado por "dejar que los tribunales trabajen", ha mostrado "todo el respeto" a lo que "pueda hacer o decir el Tribunal Supremo" y ha precisado, a preguntas de los periodistas, que será la teniente fiscal del Supremo la que se encargue de la causa tal y como está previsto para las cuestiones relevantes cuando él no puede intervenir.

Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso de fraude fiscal en el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.

Politización de la Justicia

Por otra parte, García Ortiz ha señalado, a preguntas de los periodistas en Granada, que ve "con preocupación" la politización de la justicia, opinando que justicia y política "son espacios que deben ser diferentes" aunque confluyan en las sociedades modernas, "no sólo en España sino en todo el mundo".

"Nosotros tratamos siempre de dar una respuesta jurídica (...) nos ceñimos a un papel de imparcialidad que nos exige nuestro estatuto orgánico y tratamos de dar una respuesta sea quien sea el investigado, sea quien sea las personas que puedan ser víctimas o sea cual sea el ámbito de actuación", ha sostenido.

García Ortiz ha incidido en que "esa es la diferencia entre el interés de la Fiscalía y otros intereses particulares que puede haber, legítimos pero particulares". "Nosotros defendemos el interés público y no tenemos ninguna encomienda en favor de nadie, es la imparcialidad lo que nos rige", ha concluido.