El Supremo rebaja la pena a San Juan, lo que permite ejecutar la sentencia De Miguel

El Tribunal Supremo ha rebajado la pena a Iñaki San Juan, uno de los condenados del caso de Miguel, una decisión a la que seguirá la notificación de la sentencia de todo el caso a la Audiencia Provincial de Álava para que inicie la ejecución de la misma y ordene en principio la entrada en prisión de cuatro de los condenados.

El Supremo confirmó este pasado mes de enero las principales condenas por corrupción impuestas por la Audiencia Provincial de Álava a destacados integrantes del PNV en Álava, pero uno de los condenados, Iñaki San Juan, pidió una aclaración al alto tribunal, lo que ha retrasado la ejecución de la misma.

Iñaki San Juan, exconcejal del PNV en Leioa y socio de De Miguel en la empresa Errexal, fue condenado por la Audiencia a 5 años y 3 meses, y posteriormente el Supremo le rebajó la pena a 4 años y 4 meses.

La defensa presentó ante el mismo Tribunal Supremo esta petición de aclaración al estimar que se le podría aplicar la misma rebaja que a otro acusado del caso, Josu Azkarraga Montes, al tratarse de los mismos hechos y la misma responsabilidad.

El Supremo le ha dado la razón y ha rebajado ahora otra vez las penas de San Juan a tres años y nueve meses, -dos años por delito continuado de malversación y un año y nueve meses por delito continuado de falsedad en documento mercantil-.

El objetivo de la defensa era que, al no sumar ninguno de los dos delitos más de dos años de prisión, San Juan no entrase en la cárcel, como así será.

Tras resolver este "incidente de aclaración" de la condena, el Supremo notificará ahora la sentencia a la Audiencia Provincial de Álava para su ejecución y el ingreso en prisión de cuatro de los condenados.

DESPIDO LABORAL DE ALFREDO DE MIGUEL

Además del encarcelamiento, el auto también abre la puerta al despido del principal acusado, Alfredo De Miguel, que sigue trabajando hasta ahora en la sociedad pública vasca Hazi, despido que había sido pedido por la oposición parlamentaria y negado por el Gobierno Vasco hasta que la sentencia fuera firme, aunque fue apartado de sus funciones.

Esta misma situación podría producirse con Koldo Otxandiano, que también fue apartado de su trabajo en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava), aunque su despido tampoco se ha hecho efectivo.

De hecho, según fuentes jurídicas, el Gobierno Vasco ha pedido a la Audiencia de Álava que aclare cuándo se va a hacer efectiva la ejecución de la sentencia.

Según estas fuentes, el ingreso en prisión podría producirse en un plazo de tres semanas o un mes, porque hay que esperar entre quince o veinte días por si las partes quieren presentar recursos de casación ante el Supremo.

Una vez transcurrido ese tiempo y si no hay más recursos, el Supremo enviará los autos a la Audiencia y lo comunicarán a las partes. Estas tienen la posibilidad de pedir un indulto o una suspensión extraordinaria de la pena, alegando por ejemplo enfermedad.

Pasados estos plazos y trámites, la Audiencia ajustará las penas del caso a lo dictado por el Supremo, decretará la firmeza y ejecutará la sentencia, es decir, ordenará definitivamente los encarcelamientos de cuatro de los acusados y cobrará las multas penales.

EL MAYOR CASO DE CORRUPCIÓN

El caso De Miguel contra tres exdirigentes del PNV y un exdirector del Gobierno Vasco ha sido el mayor proceso por corrupción juzgado en Euskadi, con penas que van de 5 a 12 años de cárcel.

En su sentencia de enero, la Sala de lo Penal del Supremo rebajó de 13 años y 3 meses de cárcel a 12 años y 4 meses la pena a Alfredo de Miguel, el que fuera número dos del PNV en Álava y diputado foral, al absolverle de uno de los cuatro delitos de tráfico de influencias. Sin embargo mantuvo su condena por delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación y malversación, así como el cumplimiento máximo de tiempo efectivo en prisión, que será de 9 años.

El exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería pasó de 6 años y 6 meses a 5 años y un mes de prisión, mientras que su compañero de partido Koldo Otxandiano mantuvo su pena de 7 años y 6 meses, al igual que el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles, en 7 años y un mes de cárcel. Serán los cuatro condenados que tras la ejecución de la sentencia en principio entren en prisión.

El resto de condenados no ingresarán en la cárcel. Se ha rebajado ligeramente la pena a Iñaki San Juan, Josu Azkarraga, Jon Iñaki Etxaburu y Alfonso Arriola, mientras que se mantienen las de Iratxe Gaztelu-Urrutia, Ainhoa Bilbao, Sergio Fernández Oleaga y Justina Angulo.

El Supremo ha fijado que los tres exdirigentes del PNV, prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa de ese partido y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión.