El portazo del TS a los indultos ahonda el choque entre el poder judicial y Sánchez

Lejos de colaborar en distender el conflicto catalán, la decisión del Tribunal Supremo (TS) de oponerse al indulto de los doce condenados por el procés ha incendiado aún más el patio político contribuyendo además a un choque entre el poder judicial y el Gobierno de Pedro Sánchez. El informe del órgano sentenciador, aunque previsible y no vinculante, destila una contundencia desgarradora para quienes abogan por generar otra atmósfera ya que rechaza la medida de gracia por ser "una solución inaceptable" ante la "voluntad de reincidir" de los líderes soberanistas, comprometiendo la futura decisión de Moncloa, que se verá impedida a optar por un indulto total y deberá aplicar el parcial, ya sea rebajando parte de la pena o conmutándola por otra menos grave. Esto es así porque el TS no aprecia "razones de equidad, justicia o utilidad pública que lo justifiquen" y destaca que "no hay la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento" entre los presos, cuyas penas ve proporcionadas. Ante esta coyuntura, Sánchez replicó ayer que "hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia", recordando el Ejecutivo que la resolución al respecto es competencia suya.

La Sala advierte del llamativo desenfoque en las peticiones de indulto, por pretender que el Gobierno corrija su sentencia, porque "dibujan una responsabilidad penal colectiva y solidaria" en base a un sujeto denominado "los presos del procés", como así los presenta la administración penitencia catalana, contra quien el Supremo arremete porque no solo "ha unificado de forma contumaz el régimen y tratamiento" de los reclusos sino que "ha entorpecido de forma notable el cumplimiento de los fines de la pena, alimentando la ficción de un sujeto colectivo, que sería titular del derecho a la progresión en grado y, ahora, del derecho al indulto". En este contexto, desprecia a los presos como "autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional" y que manifiestan "su voluntad de reincidir". Es más, el TS pone de ejemplo al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que en sus alegaciones afirmó que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito, por lo que sus palabras son "la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable" al conllevar "una actitud antidemocrática". Es más, le reprocha que no acepte el indulto pero sí la amnistía, una figura que "se ha hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales".

Pese a todo, Sánchez sigue defendiendo que su Gobierno se posicionará "en beneficio de la convivencia entre españoles", lo que contrasta con la opinión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes, quien advirtió ayer miércoles de que un indulto es "difícil de aceptar" cuando no hay concordia, en referencia a las propias palabras del líder socialista, que apuesta por "el diálogo y el entendimiento", y no "por la venganza y la revancha". Además, el Jefe del Ejecutivo español exigió al PP que le apoye en este trámite, al igual que hizo el PSOE al respaldar el artículo 155 tras el referéndum del 1-O. Pero desde Génova aprecian "demoledor" el informe del TS y no dudan en que presentarán recurso si Sánchez mantiene su pretensión. Pablo Casado le espetó haber llegado "demasiado lejos" en una actitud que "no es más que un pago a sus socios secesionistas por haberle metido en La Moncloa, y que será su finiquito y el epitafio del PSOE constitucional".

Ambos protagonizaron un bronco rifirrafe en el Congreso en la sesión de control al Gobierno, donde el líder popular se centró en intentar desmontar la reflexión del socialista y denunció que hacer cumplir la ley no significa "venganza", como tampoco es "revancha" defender "la unidad nacional", ni "dar un golpe a la legalidad" es un valor constitucional. Tras recordarle a Sánchez que fue él quien en 2019 dijo que los condenados por el procés tenían que cumplir íntegramente sus penas, Casado le acusó de "mentir para ganar las elecciones".

Competencia de Moncloa

Moncloa tiene previsto resolver esta cuestión en verano pero su posición no cerrará este capítulo toda vez que PP, Ciudadanos y Vox han adelantado que recurrirán al Supremo. De momento, como señaló ayer José Luis Ábalos, le corresponde al Consejo de Ministros dilucidar los indultos, decisión que tendrá "un enfoque de carácter político" que "trasciende la situación jurídica y penal" de las personas condenadas, ya que "afecta al conjunto de la comunidad" y al compromiso del Gobierno por una "normalización de la vida política en Catalunya". Por último, evocó que el conflicto catalán es la herencia que les dejó el PP de Mariano Rajoy. Por su parte, el socio de coalición, Unidas Podemos, fue tajante al avisar que "el tiempo de los jueces ha terminado". "No podemos empezar la mesa de diálogo con la contraparte en la prisión. Los jueces deben dejar de ser ya los guionistas de la política", apuntó el presidente del grupo morado, Jaume Asens.

Felipe González dice no

Y para acabar de complicar la situación de Sánchez, anoche el expresidente del Gobierno Felipe González aseguraba que, en las condiciones actuales, él no indultaría a los líderes independentistas del procés.

González se mostró en contra de esos indultos en una entrevista en el programa El Hormiguero, de Antena3, dirigido por Pablo Motos.

"En estas condiciones yo no haría el indulto", recalcó González, quien recordó que Sánchez ha dicho que tomará su decisión en el marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico. En ese contexto, subrayó que, más allá de que no haya arrepentimiento de los líderes independentistas, la Constitución no admite que alguien rompa unilateralmente las reglas del juego.