Los indultos concedidos en el Estado español desde 1996 ascienden a 10.652, siendo los delitos de malversación, contra el medio ambiente o de funcionarios contra las libertades individuales los que más porcentaje acumulan en relación a las condenas totales. Los sucesivos gobiernos del PP aprobaron 152 de los 232 indultos para condenados por casos de corrupción. El Ejecutivo de José María Aznar es el que más veces concedió esta medida de gracia en esta materia, 139, por las 62 de José Luis Rodríguez Zapatero, las 16 de Mariano Rajoy o las 10 de Felipe González. Pero es que el PP tiene en su haber polémicos indultos que incluyeron la conmutación de la pena, parcial o totalmente, para dos altos cargos socialistas condenados por los GAL, Rafael Vera y José Barrionuevo. El exministro del Interior y el exsecretario de Estado del gabinete de González fueron condenados por el secuestro de Segundo Marey a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación por los delitos de detención ilegal y malversación de fondos públicos. En diciembre de 1998 el Ejecutivo de Aznar les concedió, junto a los demás condenados, el indulto parcial y el tercer grado penitenciario.
A este caso se unen, entre otros, el indulto a cuatro Mossos d'Esquadra que torturaron a un hombre para obligarle a confesar; a 15 terroristas de la organización armada catalana Terra Lliure; un conductor kamikaze; un Guardia Civil cómplice de una agresión sexual; y a un exalto cargo de CiU, Josep María Servitje Roca, y a su cómplice, condenados en 2009 por prevaricación y malversación de caudales públicos.
Paralelamente, el Tribunal Supremo sí se mostró a favor de indultar al golpista Antonio Tejero por el 23-F pese a no estar arrepentido ni existir "razones de justicia". En 1993, la Sala de lo Militar del TS se mostró favorable a esta medida por "conveniencia pública" para contribuir "al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado". En su caso, la Sala no aplicó el mismo baremo que el actual, que alega la falta de arrepentimiento de los condenados por el procés. Un requisito, el de evidenciar voluntad de no reincidir, que según fuentes jurídicas no es una condición necesaria para el indulto, si bien es cierto que es habitual que quienes solicitan el perdón gubernamental lo muestren. Finalmente, el Gobierno de González, que sí había indultado a Alfonso Armada con el beneplácito del Supremo, no indultó a Tejero, que salió de prisión en 1996, cuando le concedieron la libertad condicional tras haber estado en la cárcel 15 de los 30 años a los que había sido condenado.
SIN RESPALDO DEL SUPREMO
Solo seis de los 137 indultos concedidos por el Gobierno español en los últimos cinco años –el 4,37%– fueron aprobados con informe contrario del tribunal sentenciador y de la fiscalía, dictámenes que no son vinculantes, pero que se tienen en cuenta en la inmensa mayoría de los casos.