Donostia – El Tribunal Constitucional ha avalado la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impide a este órgano hacer nombramientos cuando esté en funciones al rechazar los recursos interpuestos por el PP y Vox, con el aval de la mayoría progresista frente al rechazo del bloque conservador.
Fuentes jurídicas informaron de que el Pleno del tribunal de garantías, que tenía dos ponencias sobre la mesa radicalmente opuestas, una por cada recurso, ha respaldado la posición de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que avala la constitucionalidad de la reforma, frente a la del magistrado conservador César Tolosa en contra.
La mayoría progresista impuso su postura a favor de prohibir al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos cuando tenga el mandato caducado, como sucede actualmente con un Consejo que cumple cinco años en funciones con solo 16 de sus miembros.
Al respecto, los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y la magistrada Concepción Espejel anunciaron que formularán un voto particular contra la sentencia elaborada por Balaguer que rechazó el recurso de Vox. De hecho, el presidente Cándido Conde Pumpido encargó a Balaguer que redacte la ponencia correspondiente al recurso del PP contra la misma norma, una vez que Tolosa ha declinado su ponencia.
La reforma, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, se hizo con la intención de empujar al PP a la mesa de negociaciones para renovar el Consejo pero los populares no cambiaron su posición y, además, se causó un problema añadido con un goteo incesante de nombramientos pendientes en el Supremo y los tribunales autonómicos, que han alzado la voz contra las consecuencias de la reforma. Durante la apertura del año judicial, celebrada el pasado 7 de septiembre, el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, calificó el panorama de “desolador”.
Son ya 83 las vacantes que restan por cubrir en la cúpula judicial, 23 de ellas en el Supremo, que lleva tiempo advirtiendo del riesgo de colapso debido a una situación “insostenible” y que afecta ya a todas sus salas. Del total de vacantes, se registran 2 en la Sala de lo Civil, 1 en la de lo Penal, 11 en la de lo Contencioso-Administrativo, 6 en la de lo Social y 3 en la de lo Militar.
Vox y PP alegaban en sus respectivos recursos que la modificación efectuada en marzo de 2021 a la LOPJ para prohibir que un CGPJ en situación de interinidad cubra las vacantes generadas en los altos tribunales es inconstitucional.
Renovación del TC
Ninguna de las dos ponencias debatidas ayer hacía referencia a la contrarreforma exprés aprobada en julio de 2021 para devolver al CGPJ su capacidad de hacer nombramientos discrecionales pero únicamente para designar a sus dos candidatos al TC.
Esa segunda modificación posibilitó que el pasado enero se produjera la renovación parcial del Constitucional que estaba pendiente desde junio de 2022, provocando un vuelco desde la entonces mayoría conservadora a la actual progresista, liderada por el exministro de Justicia Cándido Conde Pumpido.
El texto aprobado propone respaldar la reforma del CGPJ al considerar que el artículo 122 de la Constitución da margen suficiente al legislador para regular el órgano de gobierno de los jueces.
Además, Balaguer incide en que la Constitución expresa claramente que el CGPJ tiene un mandato de cinco años, tras los cuales debe renovarse, por lo que no contempla un Consejo en funciones. De ahí que defienda que se limiten los nombramientos, sobre todo si tienen un carácter discrecional.