El TC estudiará anular la condena a Magdalena Álvarez por los ERE

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará a partir del 18 de junio el borrador de una sentencia que propone anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el denominado 'caso de los ERE'.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que la ponencia, a cargo de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, coincide con el criterio de la Fiscalía y plantea que estime el recurso de Álvarez en lo relativo al delito de prevaricación. El Pleno del TC tendrá que votar si apoya o no la redacción propuesta.

A principios de año trascendió que el Ministerio Público había informado a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación "en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos" de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.

Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa.

Las fuentes consultadas precisan que la cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos --luego aprobada como ley-- podía haber sido o no juzgada por un juez penal y calificado como acto administrativo injusto.

Dichas fuentes insisten en que este será uno de los puntos del debate porque se estudia si el juez en cuestión tenía que haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC si albergaba dudas sobre la legalidad de ley en lugar de declarar ilegal la norma.

El Constitucional abordará el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional porque plantea "un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales", según ha apuntado este lunes el tribunal en una nota informativa.