El TC estudiará si la ley vasca de instituciones locales castiga al castellano

El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite la cuestión de constitucionalidad elevada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para determinar si la Ley de Instituciones Locales de Euskadi da prioridad al uso del euskera en los ayuntamientos vascos.

Fuentes del TC han informado a Efe de la decisión de admitir a trámite esa cuestión que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV planteó tras recibir un recurso de Vox contra esa ley.

En concreto, los magistrados tendrán que decidir si el artículo 6.2 de esa norma establece la prevalencia del euskera sobre el castellano en el uso en los ayuntamientos, como interpreta la Sala del TSJPV que preside Luis Ángel Garrido.

En ese artículo se regula la lengua en que podrán ser redactadas las actas y los documentos emitidos por las entidades locales y se establece que podrán ser redactados en euskera, si bien matiza que "siempre que no se lesionen los derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera".

La Sala del tribunal considera que la ley impide el derecho constitucional a utilizar el castellano libremente por los miembros de las entidades locales, en tanto que el Gobierno vasco sostiene que el Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que las entidades locales pueden utilizar tanto el euskera como el castellano con normalidad en sus relaciones internas o en sus comunicaciones con los ciudadanos.

Por ello, el Ejecutivo autonómico argumenta que el artículo 6.2 no contraviene la Constitución al regular el uso de las dos lenguas oficiales en Euskadi ya que no limita el uso del castellano ni supone una carga para quienes no conocen el euskera, al obligar a los ayuntamientos que opten por usar el euskera a arbitrar los "mecanismos pertinentes" para que se haga efectivo también el derecho de la ciudadanía a recibir tales comunicaciones en castellano.

Y recuerda que ese fue el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y el País Vasco" en enero de 2017 y que ello evitó la interposición por parte del Gobierno español del PP de un recurso de inconstitucionalidad.