El Juzgado de Instrucción 5 de Granada, encargado de la investigación del secuestro de la edil de Maracena Vanessa Romero, ha elevado la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al haberse aludido durante el procedimiento al exalcalde de esta localidad Noel López, actual número 3 del PSOE-A, por su condición de aforado como parlamentario andaluz.
Coincidiendo con el levantamiento del secreto de sumario, que se produce una vez expirada la última prórroga del mismo, fuentes del caso han informado este jueves de que, junto a López, también se ha dado traslado a la Sala de lo Penal del alto tribunal de la posible relación con los hechos de la actual regidora, Berta Linares (PSOE), y del concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva.
De momento, han precisado las fuentes, estas tres personas no figuran formalmente como investigadas, a la espera de que se pronuncie sobre su situación procesal el TSJA.
La elevación de la causa al TSJA, por la condición de aforado de López, se produce por posibles indicios de delitos en lo relacionado con el secuestro, por el que permanece en prisión y como único investigado de momento el que fuera novio de la alcaldesa cuando ocurrieron los hechos.
El número 3 del PSOE andaluz fue durante más de 15 años alcalde de Maracena, cargo que abandonó en julio de 2022 para centrarse en la Secretaría de Organización del PSOE andaluz y en el que le sucedió la actual regidora.
El secuestro tuvo lugar durante la mañana del pasado 21 de febrero, cuando el detenido, con un arma blanca y una pistola simulada, retuvo y encerró en el maletero del coche a la concejal de Maracena 2030 y exconcejal de Urbanismo, entre otras responsabilidades.
Esta retención ilegal se ha vinculado a una posible causa urbanística porque la víctima, que se ha personado en la causa como acusación particular, llevaba documentación en su vehículo y tenía desavenencias con la alcaldesa y candidata a la reelección.
El titular del juzgado encargado de la causa decretó el ingreso en prisión provisional del detenido, que se acogió entonces a su derecho a no declarar pero que lo hizo tras varios cambios de letrado, primero ante la Guardia Civil y luego en sede judicial.
Tras el secuestro, la Policía Judicial exigió al Ayuntamiento de Maracena que custodiara sus expedientes en esa misma línea de investigación que vinculó el secuestro con una trama urbanística.