Los yihadistas golpearon hoy por primera vez en Bamako el bastión de la junta militar que gobierna en Mali, país que vive un creciente vacío de seguridad debido a la retirada escalonada de las fuerzas antiterroristas internacionales.
El ataque perpetrado esta madrugada con dos coches bomba y fuego de artillería se produjo contra la importante base militar de Kati, ubicada 15 kilómetros al norte de Bamako y donde reside el jefe de la junta que gobierna Mali tras dos golpes de Estado, el coronel Assimi Goita, y su ministro de Defensa, Sadio Camara.
El Ejército maliense explicó en un comunicado que sus efectivos consiguieron repeler de forma "enérgica" el ataque, que aún no ha sido reivindicado pero que las Fuerzas Armadas malienses achacan a la "Katiba (milicia) Macina", una de las principales facciones de la rama de Al Qaeda en el Sahel.
Según el último balance dado por el Ejército, un soldado maliense murió y otras seis personas resultaron heridas (cinco militares y un civil). Los militares malienses mataron a siete integrantes del grupo asaltante y detuvieron a otros ocho supuestos terroristas, cuando aún siguen batiendo la zona en busca de más atacantes.
A tan solo 17 kilómetros de Kati se encuentra el aeropuerto de Bamako y el centro de operaciones de la misión de la ONU en Mali (Minusma), una zona cuya seguridad se ha reforzado para prevenir posibles ataques.
Los ataques yihadistas
El ascenso de los atentados yihadistas, perpetrados por el Estado Islámico y filiales locales de Al Qaeda, se produce en un contexto de tensión entre la junta militar y la comunidad internacional, lo que agrava todavía más el vacío de seguridad en el país.
El último capítulo de esa tensión fue la decisión del Gobierno transitorio este miércoles de dar 72 horas al portavoz de Mimusma, Olivier Salgado, para salir del país por cuestionar la versión oficial del Ejecutivo maliense sobre la detención de 49 militares marfileños el pasado 10 de julio en Bamako.
Mientras que el Gobierno maliense les acusó de ser "mercenarios", Salgado informó de que los soldados trabajaban para la ONU y que las autoridades malienses estaban "previamente informadas" sobre su llegada.
La expulsión de Salgado se añade a la decisión tomada por el Gobierno maliense el pasado día 14 de suspender todas las rotaciones de los contingentes militares y policiales de esa misión de la ONU por "razones vinculadas a la seguridad nacional".
Malentendidos con la comunidad internacional
La junta militar no solamente tiene discrepancias y malentendidos con la ONU sino también con países de su entorno regional, Francia (su antigua potencia colonizadora) y últimamente con el Estado español.
A finales del pasado enero, el Gobierno de transición maliense expulsó al embajador francés, Joël Meyer, después de que responsables franceses, incluido el Ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, cuestionaron la legitimidad de la junta militar en el poder en Mali.
En la misma época, la junta militar obligó a Dinamarca a retirar 90 soldados y un equipo médico de Mali por "carecer de autorización" para participar en la coalición antiterrorista Takuba, dirigida por Francia.
El día 2 de mayo, la junta militar dio por roto el tratado de cooperación en materia de defensa que firmó con el gobierno francés en 2014, así como los que determinan el estatus de las fuerzas galas antiterroristas de las misiones Barkhane y Takuba, que Francia retiró posteriormente de forma gradual del país.
A principios de este mes de julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores maliense convocó al embajador del Estado en Bamako, José Hornero, para que diera explicaciones sobre las declaraciones del titular de Exteriores español, José Manuel Albares, acerca de la posibilidad de una intervención de la OTAN en el país africano.
Misiones militares
En Mali, que padece de una gran inseguridad desde 2012, operaban cinco misiones militares internacionales: las francesas Barkhane y Takuba, la europea de entrenamiento EUTM, la Minusma y la regional del G5 Sahel.
Todas menos la de la ONU han empezado a abandonar este año el país y el gobierno golpista contrató como alternativa, según el ejecutivo francés, a mercenarios de la empresa privada rusa Wagner, ligada al Kremlin.
El gobierno maliense anunció a mediado del pasado mayo su retirada de todos los órganos de la coalición G5 Sahel, incluida su fuerza conjunta, por la demora en el traspaso de la presidencia de turno a Mali.
Asimismo, la Unión Europea (UE) acordó el pasado 11 de abril "suspender" su misión de entrenamiento militar en Mali ante el recrudecimiento de las condiciones de seguridad en el país, una operación en la que España era el mayor contribuyente con unos 500 militares.
Por el retraso en volver al orden constitucional después de los golpes de Estado de agosto de 2020 y mayo de 2021, Malí sufrió durante meses duras sanciones de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), de los que el país africano forma parte.