El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha anulado este miércoles la decisión de la Comisión Europea de dar luz verde al plan de 6.000 millones de euros en ayudas de Estado diseñado por Alemania para rescatar a la aerolínea de bandera alemana Lufthansa durante la pandemia de coronavirus.
En su sentencia, ante la que cabe recurso, la Justicia europea advierte de que los servicios comunitarios incurrieron en "diversos errores" al analizar el caso, por ejemplo al concluir que la compañía no podría en ese momento conseguir financiación en los mercados para cubrir sus necesidades o al no exigir que la recapitalización incluyera un mecanismo para incentivar a Lufthansa a recomprar la participación del Estado tan rápido como fuera posible.
El Tribunal con sede en Luxemburgo también considera un error que el Ejecutivo comunitario negara en su análisis que la aerolínea tuviera un poder de mercado significativo en algunos aeropuertos y aceptara determinados compromisos que no garantizaban la protección de la competencia efectiva en el mercado.
El caso se remonta a junio de 2020, cuando Berlín notificó a la Comisión Europea una ayuda pública por valor de 6.000 millones de euros para recapitalizar Deutsche Lufthansa AG, matriz de la aerolínea, con el objetivo de restablecer la posición patrimonial de liquidez de las empresas del grupo en el contexto excepcional de la pandemia.
La ayuda se componía de tres partes: Una participación en el capital de aproximadamente 300 millones de euros, una participación sin voto no convertible en acciones de aproximadamente 4.700 millones de euros y una participación sin voto de 1.000 millones de euros con las características de una obligación convertible.
Bruselas concluyó --sin iniciar el procedimiento de investigación de la operación-- que el plan era compatible con el marco temporal para ayudas de Estado adoptado para flexibilizar las reglas de la UE durante la pandemia para apoyar la economía durante la crisis del coronavirus.
Sin embargo, las aerolíneas Ryanair y Condor acudieron a la Justicia europea para recurrir la decisión de la Comisión Europea al considerar que la decisión no tuvo en cuenta requisitos y exigencias fijados por el propio marco temporal para ayudas de Estado.