El todo o nada de José Luis Ábalos

Un año después de empezar a verse cada vez más cercado por el denominado caso Koldo, José Luis Ábalos se juega el todo o nada este jueves día 20 en el Tribunal Supremo, donde acudirá a declarar de puntillas y con el agua ya rodeando su cuello. Y es que tras la que será su segunda comparecencia en el Alto Tribunal –la primera como investigado–, se celebrará una vistilla para valorar la posible imposición de medidas cautelares, que incluyen desde la retirada del pasaporte hasta el ingreso en prisión provisional.

Ello supondría un salto cualitativo en un caso que saltó a la luz pública el 21 de febrero del año pasado con la detención del que fuera asesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre, por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante lo más duro de la crisis sanitaria. El público en general descubrió que quien hasta entonces era un completo desconocido en realidad siempre había estado ahí, incluyendo la reunión de Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez el 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas, a pesar de que esta tenía prohibida la entrada en el espacio Schenguen como parte de las sanciones impuestas por la Unión Europea a su país por vulnerar los derechos humanos.

La votación del Congreso el pasado 22 de enero a favor del suplicatorio solicitado por el Supremo para retirar la inmunidad parlamentaria e investigar a Ábalos fue otro de los hitos de este proceso. El antiguo partido del exministro de Transportes, el PSOE, fue uno de los que apoyó dicho suplicatorio, lo que confirmaba el viraje sufrido desde que, en plena resaca del delcygate en febrero de 2020, los diputados socialistas se pusieron de pie en el Congreso para aplaudir a Ábalos a pesar de que este había ofrecido una decena de versiones sobre lo ocurrido esa noche en el aeropuerto madrileño.

Koldo García abandona el Tribunal Supremo tras una de sus declaraciones. EFE

Lingotes de oro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostuvo que el motivo del viaje fue la entrega de 104 lingotes de oro, con valor de 68,5 millones de dólares, negociados y comprados por el empresario Víctor de Aldama, el otro vértice de este caso. Los tribunales archivaron las querellas y diligencias relacionadas con el delcygate entre 2020 y 2021, descartando indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, el Supremo investiga si Ábalos y Koldo recibieron pagos, en efectivo o especie, de De Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo, a cambio de la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario y de obra pública.

En un auto emitido el pasado 4 de febrero, el juez instructor del caso, Leopoldo Puente, encargó a la UCO que “a la mayor brevedad posible” informara sobre la situación patrimonial de Ábalos y de su hijo Víctor. Requirió también un informe sobre las comunicaciones telefónicas realizadas hasta el momento de los hechos por los tres investigados en la causa, Ábalos, Koldo y De Aldama. Además de la comparecencia del exministro, ha citado para mañana, día 18, a Koldo García –que ya declaró en el Supremo el 17 de diciembre– con el fin de realizar una prueba caligráfica y esclarecer así la autoría de los documentos aportados por De Aldama, que compareció un día antes, el 16.

El empresario ya había permanecido en prisión preventiva por otro caso, conocido como el de los hidrocarburos, pero abandonó Soto del Real el pasado 22 de noviembre con medidas cautelares y el compromiso de colaborar con la justicia tras declarar durante horas ante el juez que pagó comisiones en efectivo a altos cargos del PSOE como el propio Ábalos o el número tres del partido, Santos Cerdán. Nada más atravesar los muros de la cárcel, y en medio de una nube de periodistas, cargó directamente contra el presidente español, Pedro Sánchez, al que acusó de tener “alzheimer” por haber negado que se conocieran, y avanzó que aportaría “pruebas” de todas sus acusaciones.

El empresario Víctor de Aldama sale en libertad tras declarar que pagó comisiones. EFE

“Quiero explicaciones”

Pocos podían prever el giro que darían los acontecimientos cuando, en la remodelación del Gobierno que llevó a cabo Pedro Sánchez en el verano de 2021, José Luis Ábalos pasó de ser un pilar fundamental a dejar su cargo en el Ejecutivo y también en el partido, donde hasta ese momento era número dos como secretario de Organización. El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana había sido uno de los mayores apoyos de Sánchez en el proceso de primarias del PSOE de 2017 y en la moción de censura a Mariano Rajoy de 2018. Pese a este paso atrás, nunca suficientemente explicado, el partido le mantuvo en listas en las siguientes elecciones generales, por lo que tras lograr un escaño mantuvo su condición de aforado como diputado en el Congreso.

“Me siento decepcionado y quiero explicaciones”, fue la primera reacción de Ábalos a la detención de quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes, Koldo García. Según los investigadores, las cuentas de quien fuera aizkolari navarro crecieron de forma exponencial en esa época. Las pesquisas situaban al exasesor junto a Víctor de Aldama, entonces presidente del Zamora, como cabecillas de la trama de presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos con un valor de 53 millones de euros.

Si el 21 de febrero de 2024 Koldo García fue detenido, el PSOE expulsó a José Luis Ábalos del partido seis días después tras concederle un plazo de 24 horas para que entregara su acta por “responsabilidad política”, exigencia que no atendió. El exministro anunció que conservaba su acta y se pasaba al Grupo Mixto para defender su “honorabilidad ante la opinión pública, militancia y votantes del partido”.

La auditoría encargada por el Ministerio de Transportes que encabeza actualmente Oscar Puente para analizar los contratos de compra de mascarillas en la época de Ábalos provocó el enfado de este. “No hay precedentes de que un Gobierno del mismo signo político haga algo así”, lamentó. El resultado de la auditoría se conoció en agosto, pero el verdadero punto de inflexión tuvo lugar dos meses después, el 11 de octubre, con un demoledor informe de la UCO que dejaba a Ábalos al borde la imputación.

El documento le vinculaba con adjudicaciones irregulares de contratos durante la pandemia, así como con otros asuntos como la venta de oro venezolano. Entonces se abrió la puerta a que el caso pasara al Tribunal Supremo, por su condición de aforado. Un nuevo informe de la UCO atribuía a Ábalos “un papel relevante y de responsabilidad” en lo que calificaba como “organización criminal” que cobró comisiones ilegales en la trama.

El 12 de diciembre declaró de forma voluntaria en el Supremo, donde se defendió de todas las acusaciones, y una semana después presentó ante la Fiscalía una denuncia contra la Guardia Civil por “interceptación de correspondencia privada” a un aforado. Todas las miradas están ahora puestas en un regreso a sede judicial que puede ser definitivo. l