El pasado mes de marzo, la Plataforma en Defensa del Transporte convocó un paro en el sector que durante 20 días sacudió toda la cadena de suministros en la economía española. El rápido aumento de los combustibles acabó por romper, un poco más, las cuentas de este colectivo de trabajadores autónomos, que ya venían de años en los que sufrían problemas como los altos costes de mantenimiento de sus camiones, el modelo de “transporte barato” de las grandes flotas y los crecientes gastos en peajes por las carreteras. El Gobierno aprobó un decreto-ley que garantizaba que estos profesionales no desempeñarían su labor a pérdidas. Ocho meses después, la misma Plataforma convoca de nuevo un paro indefinido a partir de la madrugada de domingo a lunes tras proclamar que “no se respeta el precio de coste a los transportistas”, según su presidente, Manuel Hernández. Los camioneros aducen que siguen trabajando sin rentabilidad, ya que los costes que afrontan son superiores a sus ingresos. Las organizaciones que agrupan a los transportistas autónomos en Euskadi y Navarra, Hiru, Asotrava y Tradisna no se han sumado a la convocatoria, aunque responsables de estas asociaciones aseguran que los problemas que justificaron el paro del pasado mes de marzo continúan vigentes.
La coyuntura ha mejorado “algo”, pero “en determinados puntos el decreto-ley sobre transporte no se está cumpliendo. La situación sigue siendo muy volátil”, a pesar de que el precio de los carburantes parece haberse “estabilizado”, resume Peio Perochena, presidente de Tradisna (Asociación de Transportistas de Navarra). “Algunos profesionales están trabajando bien, pero otros lo están pasando mal”, asegura Jon Altuna, portavoz de Hiru, el sindicato de los transportistas autónomos de Euskadi, que considera que las ayudas directas, como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible -en funcionamiento hasta final de año y con la incógnita de si se prorrogará para determinados colectivos- solo han supuesto un “parche”. Para Altuna, la subvención de 1.200 euros por camión recogidas en el decreto son buenas para los autónomos, pero las que más se benefician son los principales operadores del transporte.
“Las grandes flotas son en muchos casos responsables de la actual situación. Durante años se fomentó un modelo de transporte barato, ya que interesaba para el funcionamiento de la economía, pero se produjeron muchas irregularidades que no se han controlado con los años”, subraya. Entre esas situaciones, denuncian desde Hiru, están las “cooperativas falsas”, la “subcontratación sucesiva” y la existencia de “repartidores ilegales del transporte ligero sin autorización”. “Trabajar a pérdidas está suponiendo una degradación del transporte en todos los ámbitos”, añade Peio Perochena, de Tradisna.
Otra de las asociaciones de transportistas autónomos de Euskadi, Asotrava, emitió ayer un comunicado para “desmarcarse” del paro indefinido. Asotrava, que celebró una asamblea, transmitió su “posicionamiento unánime en contra de dicho paro patronal”, al considerar que “objetivamente no se dan las condiciones para adoptar una medida de esas características que, solo trae nefastas consecuencias para los propios transportistas autónomos y para el sector en general”. Tras señalar que el transporte “sigue arrastrando importantes dificultades de todo tipo y estructurales”, la asociación abogó por “el diálogo, el acuerdo y el trabajo serio, constante y permanente del sector con las diferentes administraciones”implicadas para continuar avanzando “en la dirección correcta, con medidas, eso sí, que no ahoguen más al sector”.
La falta de relevo generacional, un problema añadido
Gran parte de los transportistas autónomos que operan en Euskadi y Navarra tienen alrededor de 55 años, y muchos afrontan sus últimos años de actividad profesional con la incógnita de conocer cómo será su jubilación. Para el portavoz de Hiru, Jon Altuna, las ayudas al cese de actividad prometidas tras el paro de marzo no están cumpliendo los objetivos, y la jubilación viable a los 60 años, uno de los propósitos de las asociaciones, “está lejos de ser una realidad”.
A su juicio, “un trabajador de más de 60 años y que lleva bajo su responsabilidad 40 toneladas está poniendo en peligro su integridad física y también la del resto de usuarios de la carretera”. Pero, además de esta circunstancia, los transportistas lamentan la falta de relevo generacional. “No solo es un problema para el sector, sino para toda la sociedad. Y a nadie le importa”, critica Peio Perochena, de Tradisna. “Este es un trabajo cuyas condicione han empeorado mucho y cada vez menos gente está interesada en entrar en él”, añade.
“La realidad es que no se percibe relevo en la profesión ni interés de los jóvenes por acceder al sector. Muchos creen que, para las cantidades que se ganan aquí, no merece la pena estar cuatro días seguidos o el fin de semana fuera de casa”, expone el portavoz de Hiru.
Otra de las irregularidades que ha constatado el sector son las ‘empresas-buzón’, compañías estatales que trasladan su sede a terceros países -por lo general de Europa del Este, cuya fiscalidad es hasta ocho veces menor-, pero que siguen operando en su país de origen. El decreto-ley fijó la obligatoriedad de que los contratos entre transportistas y clientes reflejen por escrito que las remuneraciones serán iguales o superiores a los costes asumidos por los conductores. Hiru cuenta con unos 800 afiliados, la mayor parte de ellos en Gipuzkoa, una cifra similar a la de Tradisna en Navarra. “Queremos que haya unas condiciones dignas para trabajar y que no desaparezca la figura del transportista autónomo, que hace un servicio a la sociedad eficaz y cercano”, zanja el portavoz de Hiru.