El Gobierno de Navarra y el Gobierno español han alcanzado un preacuerdo para materializar la transferencia de la competencia de tráfico y seguridad vial a la Comunidad foral el 1 de julio. Así lo ha anunciado este jueves la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, quien ha destacado que es "un gran día para Navarra y para el fortalecimiento de nuestro autogobierno" al conseguir "una reivindicación histórica para nuestra Comunidad".
El proceso supone también que la Comunidad Foral se hará cargo de las sanciones, la gestión de autoescuelas, la educación vial o la estadística de tráfico.
"Desde presidentes como Miguel Sanz o Uxue Barkos, todos los presidentes hemos reivindicado esta transferencia para nuestra comunidad, todos los Gobiernos hemos defendido que esta transferencia tenía que recuperarse para Navarra y hacerlo, además, desde la prestación exclusiva por parte de la Comunidad a través de su Policía Foral", ha destacado.
“ 'Hoy damos un paso histórico, otro más a los que ya hemos dado a lo largo de esta legislatura, la legislatura en la que más se ha avanzado en autogobierno desde hace más de 25 años ”
María Chivite, presidenta de Navarra
Cronograma
El acuerdo "se implementará con un cronograma" y el traspaso "será efectivo a partir de julio de 2023". Después, "habrá un periodo transitorio para ir incorporando a los 149 agentes de Policía Foral que requiere sumar al servicio e implementar todas las tareas que implica esta prestación".
Asimismo, Chivite ha resaltado que "habrá una 'pasarela' para que los guardias civiles de Tráfico que quieran incorporarse a la Policía Foral puedan hacerlo, así es como se contempla en la Ley Foral de Policías del año 2018".
La presidenta ha explicado que se ha convocado a la parte navarra de la Junta de Transferencias para una reunión el próximo martes 14, a las 18.00 horas, en la que se cerrará la fecha para la Junta de Transferencias con el Estado.
Una transferencia polémica
La transferencia viene envuelta en la polémica prácticamente desde el principio. Toda la derecha, también UPN, pese a que históricamente había defendido lo contrario, clama contra la salida de la Guardia Civil de las carreteras. También algunas asociaciones del cuerpo armado, que reclaman al Ministerio del Interior para que no complete el traspaso.
Una presión que se ha incrementado en los últimos meses después de que el Gobierno de Sánchez acordara con EH Bildu en el marco del acuerdo presupuestario en Madrid, completar la transferencia "antes del 31 de marzo de 2023".