El traspaso del IMV se blinda ante recursos judiciales con menciones a la caja única

La transferencia del Ingreso Mínimo Vital a las instituciones vascas es una pionera y, como tal, ha despertado muchas suspicacias en sectores centralistas del Estado. Se ha adentrado en un terreno hasta ahora desconocido: es la primera vez que se utiliza la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, que permite firmar convenios para gestionar materias de la Seguridad Social. Es, por lo tanto, el primer convenio con Euskadi sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, una materia sacrosanta, donde algunos colectivos de funcionarios, el PP y Vox han puesto su lupa.

En el caso de la extrema derecha, se ha presentado ya un recurso al Tribunal Constitucional contra la disposición de los Presupuestos estatales que permite la gestión de esta ayuda a las haciendas forales. Pero el convenio para la transferencia a Lanbide deja sin argumentos este y otros recursos que pudieran presentarse, en la medida en que reconoce "el carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y el respeto a la solidaridad".

"Ha habido mucho trabajo fino en esta transferencia", relatan a este periódico voces conocedoras de la intensa y ardua negociación. Los gobiernos vasco y español hicieron oficial este acuerdo hace días en la Comisión Mixta, pero quedaba por conocer sobre el papel el contenido del convenio acordado, para conocer ese "trabajo fino" y las garantías de que el traspaso ha sido íntegro como pactó el PNV con el Gobierno español. El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado este jueves el convenio. En él se confirma que Lanbide se encargará del proceso de principio a fin, incluyendo el "pago" de la ayuda, que se cita de manera literal; y el convenio tendrá también carácter "indefinido", sin fecha de caducidad.

LAS GARANTÍAS BASADAS EN EL ESTATUTO

Pero ese trabajo fino se refiere a las amenazas políticas que sobrevuelan el primer convenio sobre la gestión de materias de la Seguridad Social. Y, en ese punto, este traspaso está blindado o, al menos, sus firmantes creen que debería estarlo, si bien las últimas resoluciones del Constitucional han sido polémicas y han estado inclinadas hacia las tesis de Vox.

El convenio que publica el boletín se apoya con claridad en el Estatuto de Gernika, y cita que el artículo 18 faculta a Euskadi a ejecutar la legislación básica del Estado y administrar todos los servicios relacionados, mientras que queda reservada al Estado la alta inspección. Trasladado a la práctica, el Estado legisla sobre el IMV y sus cuantías, y Lanbide se encarga de tramitar los expedientes, aceptarlos, sancionar y pagar, entre otras funciones.

El convenio menciona también la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía, que permite establecer los convenios para asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social "dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad".

El convenio añade "la garantía de la unidad de criterio mediante la fijación por parte del Estado de criterios normativos e interpretativos homogéneos para la efectividad y eficacia del sistema en orden a garantizar la unidad del régimen económico de la Seguridad Social, el principio de solidaridad y la igualdad de todos los ciudadanos en la satisfacción de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social". Se contemplan también labores de colaboración e intercambio de información, así como una comisión de coordinación y seguimiento, de composición paritaria, constituida por ocho miembros: cuatro designados por el Estado, y otros cuatro por la comunidad autónoma.

La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, esgrimía este acuerdo como garantía de que se puede abrir el melón de la Seguridad Social "sin romper nada". Se han sentado las bases para abordar otras materias, como el pago de las pensiones.

EN EL BOE, EN LAS PRÓXIMAS HORAS

El convenio entrará en vigor con la publicación simultánea en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del Estado. Estaba previsto que este jueves apareciera en los dos, pero no lo hizo en el Estado por una acumulación de decretos en Madrid, donde se acaba de aprobar la batería de medidas para afrontar las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania. Es probable que lo haga este viernes, de manera que la comisión de seguimiento para abordar el traslado de expedientes podría producirse el lunes.

La vicelehendakari segunda y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, pretende ponerse manos a la obra para agilizar todos los trámites. El convenio, además, cita la foralidad, lo que permitió a Nafarroa agarrarse también a este acuerdo. El Gobierno foral ha cerrado este mismo jueves el traspaso con el Estado.

En la CAV, para alcanzar este acuerdo con el Estado, han trabajado codo con codo la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, y la propia Mendia, y la pertenencia de ambas a partidos diferentes no ha impedido un cierre de filas para que el traspaso fuera íntegro.

La vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, en foto de Efe

FUNCIONES DE LANBIDE Y DEL ESTADO

En ese sentido, el convenio especifica que la comunidad autónoma asumirá las funciones de iniciación y resolución del procedimiento administrativo, extinción o revisión del derecho a la prestación, control del cumplimiento de requisitos y ejercicio de la potestad sancionadora, pago de la prestación, reintegro de ayudas percibidas de manera indebida, y defensa en juicio.

El Estado, por su parte, se encarga de la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, el funcionamiento del Registro de Prestaciones hasta su integración en la Tarjeta Social Digital, la fijación de criterios interpretativos y el control financiero posterior.

La comunidad se descontará del Cupo el 6,24% del total presupuestado por el Estado al año, y se hará efectivo en los meses de mayo, septiembre y diciembre.