El Tribunal Constitucional (TC) avalará previsiblemente de manera íntegra la ley de eutanasia en el próximo pleno, después de que el magistrado ponente, Ramón Sáez Valcárcel, haya defendido este jueves el rechazo del recurso presentado por Vox contra la norma.
El pleno del Constitucional ha comenzado el debate sobre el recurso contra la ley de eutanasia con la presentación de la ponencia por parte de Sáez Valcárcel, que pide avalar íntegramente la ley, según explican a Efe fuentes del tribunal de garantías.
En la reunión, se ha escuchado "la amplia exposición" del ponente, pero no ha comenzado la deliberación, por lo que será en un próximo pleno cuando el resto de magistrados se posicionen.
Según las mismas fuentes, la intención es resolverlo ya en la siguiente reunión, una vez la ponencia pase a estudio para que cada magistrado pueda presentar su punto de vista en el pleno.
La eutanasia, regulada en 2021 a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez, puede solicitarla las personas que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".
El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso. Además, el paciente puede desistir en cualquier momento.
Una comisión de garantía y evaluación, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, supervisa cada caso y es responsable en última instancia de autorizarlo. Los profesionales sanitarios pueden acogerse a la objeción de conciencia.
Vox impugnó la norma por infringir el derecho a la vida al manifestar que se trata de un derecho fundamental que el Estado debe proteger, como lo es también su deber de ofrecer cuidados paliativos a los que sufren.
El presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, incluyó este recurso en el orden del día del pleno, como "asunto para estudio inicial", un epígrafe novedoso para tratar el abordaje previo de uno de uno de los recursos más delicados del tribunal.
El PP también recurrió la ley porque estima que vulnera el derecho a la vida y genera indefensión jurídica, porque no dispone de un régimen jurídico que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión.