El Tribunal Constitucional estudiará los recursos contra el traspaso del IMV

Como cabía esperar, los recursos que han presentado el PP y Vox contra la transferencia del Ingreso Mínimo Vital han pasado la primera criba, puramente formal, en la ventanilla de admisión del Tribunal Constitucional. El tribunal ha confirmado que estudiará los recursos planteados por estos dos partidos contra la transferencia de la gestión de esta ayuda social a la comunidad autónoma vasca y Nafarroa, algo que no prejuzga cuál será el resultado de su sentencia.

Estos dos grupos utilizaron su representación en el Congreso para recurrir la Ley estatal del IMV y también los Presupuestos de Sánchez por incluir una mención a las haciendas forales para justificar esta transferencia. La ponencia recaerá en Cándido Conde Pumpido y Antonio Narváez.

Desde la consejería de Autogobierno que dirige Olatz Garamendi no se ha querido realizar ninguna valoración. Tanto esta consejería como la que dirige la socialista Idoia Mendia se mostraban estos días convencidas del sólido armazón jurídico del traspaso frente a estos recursos. El convenio publicado ya en el boletín oficial, como informó este periódico, recoge que Euskadi pagará esta ayuda, pero lo hace con alusiones a la unidad de caja de la Seguridad Social, a los principios de solidaridad e igualdad, y matiza que la legislación sigue correspondiendo al Estado, lo que deja un margen mínimo para que estos recursos prosperen. Otra cuestión es que pueda existir a nivel político cierta incertidumbre en la medida en que este tribunal se ha alineado con los planteamientos de Vox en otros recursos como los que afectaron al estado de alarma, lo que causó una gran sorpresa.

LA TRANSFERENCIA QUE ABRE LA ESPITA

La transferencia ha despertado suspicacias en sectores centralistas porque es la primera vez que se utiliza la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, que permite firmar convenios para gestionar materias de la Seguridad Social. La gestión del régimen económico de la Seguridad Social es ley porque se recoge en el Estatuto de Gernika. Y la primera vez que se ha puesto en marcha, se ha hecho con respeto a la unidad de caja.

Vox cree que lo pactado "rompe, por primera vez desde la aprobación de la Constitución, el régimen económico de la Seguridad Social", al transferir la competencia íntegra.