El Tribunal de Apelación de París decidió este lunes enviar de nuevo a la fase de instrucción el segundo caso que tenía abierto en Francia el exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, al considerar que el procedimiento no cumplía con las reglas.
Formalmente será la Fiscalía, que había pedido al tribunal esa devolución a la instrucción, la que se encargará de reenviar todo el dossier para que un juez vuelva a examinarlo y decida, entre otras cosas, si interroga a Josu Ternera, si lo imputa y si lo lleva de nuevo a juicio, un proceso que como mínimo tardará de ocho a diez meses.
Esto significa que la eventual entrega al Estado español del histórico miembro de ETA se retrasará una vez más y eso hasta que se agoten las vías de recurso, lo que en tiempo normal no ocurriría antes de dos o tres años, indicaron a Efe fuentes judiciales.
La presidenta del Tribunal de Apelación explicó su decisión porque la orden de arresto que se había emitido contra él por este asunto "no respetaba las formalidades", se basaba en "investigaciones minimalistas", se había "redactado en términos genéricos" y no se habían hecho los esfuerzos suficientes para encontrarlo.
Previamente, la fiscal ya había incidido en que ese mandato de arresto era "general" y no precisaba "los elementos en detalle" que se reprochaban a Urrutikoetxea.
Por eso había reclamado que este asunto volviera a la fase de instrucción para que se pueda hacer allí un trabajo "estabilizado y regular" que permita que "un día se juzgue este asunto".
El abogado de la defensa, Laurent Pasquet-Marinacce, se mostró satisfecho con el dictamen porque desde el principio no estaba clara la acusación dirigida contra su defendido.
"Josu Urrutikoetxea no sabe qué se le reprocha exactamente, así que hay que rehacer las cosas para decirlo claramente y para juzgarlo", comentó el letrado.
El sumario se refiere a la presunta implicación de Josu Ternera en la actividad de ETA en Francia entre el 20 de diciembre de 2002 - poco después de entrar en la clandestinidad cuando la Justicia española lo reclamó para rendir cuentas por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987- y el 13 de mayo de 2005.
Eso le valió una condena en rebeldía a siete años de cárcel en 2010, pero al ser capturado en mayo de 2019 en los Alpes franceses, como es su derecho, pidió que el proceso se repitiera de nuevo en su presencia, y es lo que estaba programado que ocurriera este lunes.
A la audiencia de hoy había acudido para declarar como testigo de la defensa el político norirlandés y antiguo miembro del IRA Gerry Kelly, pero se tuvo que ir sin hablar delante del tribunal.
Inicialmente también estaba en la lista de los testigos de la defensa el dirigente socialista Jesús Eguiguren, que no estuvo hoy en París, según las explicaciones de la presidenta del tribunal porque su agenda se lo impidió.
La decisión del Tribunal de Apelación de París llega después de que el pasado día 1 quedara absuelto en el otro asunto que había abierto contra él la Justicia francesa y para el que hoy termina el plazo para presentar un recurso, si así lo decidiera la Fiscalía, que hasta ahora no lo ha hecho.
El Tribunal Correccional de París estimó entonces que no se le podía condenar por su presunta pertenencia a ETA entre 2011 y 2013 porque en el caso de que estuviera implicado en la actividad de la banda en ese periodo, lo que hizo fue para que se pusiera fin a la lucha armada.
La Justicia francesa ha dado su visto bueno a su entrega al Estado español por dos de las cuatro causas que había abierto contra él la Audiencia Nacional de Madrid: el atentado de Zaragoza en 1987 (en el que hubo once personas asesinadas) y la financiación de ETA a través de las "herriko tabernas".
Josu Ternera se encuentra en libertad bajo control judicial en Francia y desde el 23 de junio los jueces le permitieron trasladarse de París a la localidad de Anglet, donde vive con su pareja.
Ese control judicial se ha relajado y ya no tiene que llevar brazalete electrónico, sino que le basta con fichar en comisaría.
La presidenta de la sala le hizo hincapié en que tenía que respetar el control judicial, después de haberle recriminado no haber recibido ninguna comunicación sobre su traslado de domicilio a Euskadi, autorizado por otra instancia.
Al proceso acudió una delegación de EH Bildu, entre la que estaba la portavoz Parlamentaria Maddalen Iriarte, que pidió que la Justicia española tenga en cuenta la acción de Urrutikoetxea en la disolución de ETA.