El Tribunal de Cuentas ha rechazado la petición del expresidente catalán Carles Puigdemont para declarar por videoconferencia el próximo viernes, día en el que se mantiene por el momento la celebración del juicio contra él y más de 30 ex altos cargos por el desvío de fondos públicos para el "procés" en 2017.
La consejera encargada del caso ha dictado una providencia en la que desestima la petición formulada por Puigdemont, cuya declaración fue solicitada como prueba por otros ex altos cargos demandados, entre ellos su exconsejero Lluís Puig, que también huyó de la justicia.
Según informa el órgano contable, el tribunal mantiene por el momento el juicio que afecta a más de 30 ex altos cargos de la Generalitat catalana por un procedimiento que podría acabar encajando en la futura ley de amnistía que impulsan el PSOE y los partidos independentistas y que también propone borrar la "responsabilidad contable" establecida por el "procés".
Además de Puigdemont, están demandados el expresident Artur Mas, el exvicepresident Oriol Junqueras, varios exconsejeros y numerosos ex altos cargos por el desvío de fondos públicos para la convocatoria y organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del "procés".
Más de 3 millones desviados
La Fiscalía cifra ese desvío en unos 3,4 millones de euros, cantidad que reclama que abonen los demandados de forma solidaria, mientras que Sociedad Civil Catalana, que también ejerce de demandante, la eleva a 5,3.
En una providencia dictada este miércoles, la consejera rechaza la videoconferencia solicitada por Puigdemont y otros demandados por no haberla pedido con antelación suficiente para poder ser tramitada, y precisa que han tenido casi un año para poder formularla.
Tampoco han justificado, dice la consejera, las causas por las que el expresidente catalán, huido desde 2017, no podría comparecer este viernes para declarar en el juicio.
Por tanto, según informa el tribunal, "se mantienen incólumes todos los pronunciamientos recogidos" en la providencia en la que la consejera estableció la práctica de las pruebas -incluida el interrogatorio de Puigdemont- para el próximo viernes en la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, en Madrid.
A la espera de saber si llegan al tribunal nuevas peticiones de suspensión de la vista en base a la futura ley de amnistía, Carles Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig ya trataron sin éxito la semana pasada de suspenderla por no haber concluido aún el proceso penal que tienen abierto el Tribunal Supremo contra los cuatro.