El Tribunal Supremo estudia ya los informes de acusaciones –Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox– y defensas de cara a fijar cómo afecta la ley de amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont y al resto de procesados y condenados en la causa del procés.
Fuentes jurídicas señalan que el instructor del procés, el juez Juan Pablo Llarena, y los magistrados de la Sala de lo Penal que juzgaron la causa contra el independentismo analizan las alegaciones de las partes y el contenido de la ley para determinar si es aplicable o no a los líderes independentistas encausados en el Supremo.
La instructora de la pieza relativa a Tsunami Democràtic, la juez Susana Polo, aún tiene pendiente recibir escritos de varias de las partes, toda vez que dio un plazo de 10 días para la presentación de informes, frente a los cinco días que fijaron Llarena y el tribunal del procés. En el caso de Puigdemont, además, amplió el plazo a petición de su letrado porque no estaba aún personado en el procedimiento.
Llarena y los magistrados del procés examinan, en su mayoría, informes favorables a la aplicación de la norma: la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas han pedido que se amnistíe la desobediencia y la malversación a Puigdemont y al resto de encausados, al entender que los hechos que se les atribuyen están amparados por la ley. También solicitan que se desactiven las órdenes nacionales de busca y captura que pesan sobre ellos.
El Supremo cuenta, sin embargo, con los informes en contra de Vox –que ejerce la acusación popular en la causa del procés y en la de Tsunami– y de Sociedad Civil Catalana –que figura como acusación popular en la causa instruida por Polo–. Ambos han defendido que hubo enriquecimiento por parte de los encausados y que, por ende, no se les puede perdonar la malversación; tampoco ven viable amnistiar el terrorismo. Con todo, los magistrados tienen la última palabra y deberán resolver cómo aplican la ley: si los hechos que se atribuyen a los encausados están o no amparados por la norma y qué pasa con las órdenes nacionales de detención. En caso de dudas sobre el encaje de la norma en el Derecho de la Unión podrán consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); si las dudas son sobre la legalidad del texto, podrán plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En su informe, los fiscales defienden que la malversación del procés es amnistiable porque no consta ningún enriquecimiento personal por parte de los encausados y porque los hechos probados “no contienen ninguna alusión o referencia a que se hubiere producido una afectación directa o indirecta a los intereses financieros de la Unión Europea”.
Para el Ministerio Público, no amnistiar a Puigdemont, a los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, “dejaría prácticamente vacío de contenido lo dispuesto” en la norma.
Sobre el caso de los condenados por el procés –el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa–, la Fiscalía también aboga por amnistiarles, pero recuerda que “el hecho de que los delitos cometidos sean amnistiados por decisión del legislador español no permite poner en duda la legitimidad de las condenas o la de los jueces y tribunales que las dictaron”.
Para los servicios jurídicos de la Administración, “la ley de amnistía sí resulta aplicable a los hechos” atribuidos a los encausados tanto por el delito de malversación como por el de desobediencia porque “cumplen con las finalidades expresas que justifican” la aplicación del texto legal.
Al margen, la Fiscalía ha presentado también su informe sobre la pieza de Tsunami, en la que se investiga la presunta participación de Puigdemont y del diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg en los disturbios achacados a la plataforma independentista durante las protestas de octubre de 2019 en respuesta a la sentencia del procés. Pide que se les amnistíe el delito de terrorismo.