El TS aplaza su fallo por la demanda de García Castellón para ver si puede juzgar a Belarra como aforada por sus tuits

El Tribunal Supremo (TS) ha aplazado su fallo por la demanda que presentó el magistrado jubilado Manuel García Castellón contra la líder de Podemos Ione Belarra para aclarar si puede juzgar a la diputada como aforada por las publicaciones que hizo en su cuenta personal de 'X', en las que llamó "corrupto" y prevaricador al ex juez de la Audiencia Nacional, o si correspondería a un juzgado de lo civil.

Así lo ha acordado el presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, en la audiencia previa que se ha celebrado en el alto tribunal a raíz de la demanda civil que presentó García Castellón por presunta "intromisión legítima en el derecho al honor" y en la que reclama 240.000 euros.

Sancho ha dado 10 días a los abogados y la Fiscalía para que se pronuncien sobre si los actos que son objeto de controversia, es decir, las manifestaciones de Belarra, tuvieron lugar por parte de una diputada, que gozaría de la condición de aforada ante el Supremo, o por parte de una ciudadana que no tiene dicha condición, lo que llevaría el asunto a los juzgados de lo civil.

El presidente del tribunal ha incidido en que da este plazo a las partes para que se manifiesten de cara a que la Sala aprecie de oficio hasta qué punto es competente para enjuiciar este asunto. El magistrado ha recalcado que, toda vez que Belarra no ha negado sus declaraciones, la cuestión es determinar si se manifestó en condición de diputada y puede acogerse a la inmunidad parlamentaria, como pretende, o si por el contrario sus publicaciones quedarían limitadas al ámbito privado.

Cabe recordar que la Fiscalía ya aseguró en el informe escrito que presentó ante el tribunal que "las declaraciones realizadas por un parlamentario en redes sociales desde su propio perfil, especialmente si son ofensivas o atentan contra el honor de terceros, no están protegidas por las prerrogativas de inviolabilidad".

BELARRA DEFIENDE SU INVIOLAVILIDAD

Ione Belarra ha defendido su inviolabilidad como diputada ante la demanda por presunta vulneración del derecho al honor que interpuso contra ella el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ya jubilado, y que este jueves estudia el Tribunal Supremo.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Belarra ha señalado que el Estatuto de los Diputados garantiza la inviolabilidad de los parlamentarios por sus opiniones y ha subrayado que, en su caso, haber calificado a García Castellón de corrupto no fue una opinión, sino "pura descripción de la realidad".

"Si viviésemos en una democracia, quien estaría siendo juzgado en el día de hoy es precisamente el juez jubilado Manuel García Castellón por sus acciones durante su ejercicio profesional, y no yo por decir única y exclusivamente la verdad", ha añadido Belarra, que defiende que su inviolabilidad como diputada aplica también a comentarios publicados en redes sociales.

LA DEFENSA ASEGURA QUE NO SE HA MERMADO EL PRESTIGIO DEL JUEZ

En el marco de la vista de este jueves, la defensa de Belarra ha recalcado que el propio García Castellón en unas jornadas celebradas el pasado enero dijo que los "ataques" de miembros del Gobierno o diputados le daba "igual". "Me daba exactamente lo mismo", ha dicho en su intento de desmontar el argumento de que había generado un perjuicio al honor del que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6.

Además, el letrado ha subrayado que el magistrado ha recibido premios "con posterioridad" a las manifestaciones de Belarra, lo que, a su juicio, "corroboraría una ausencia de merma en su prestigio".

Por su parte, la abogada de García Castellón ha incidido en que esta misma semana Belarra ha ratificado "íntegramente" sus manifestaciones en un programa de canal Red.es. La letrada ha leído el extracto en el que la líder de la formación morada decía: "Absolutamente convencida de que este juez se ha dedicado a perseguir a gente de Podemos".

Ambas partes han aportado al tribunal la documentación que consideran pertinente para sostener sus alegaciones. La Fiscalía no se ha opuesto a ninguna de las pruebas documentales propuestas.

Este jueves, la representante del Ministerio Público no se ha pronunciado, pero en su escrito ya señaló que los calificativos vertidos por Belarra contra el magistrado jubilado en sus redes sociales eran "claramente ofensivos e innecesarios".

Para la Fiscalía, "no cabe duda de que tachar a un juez de corrupto, prevaricador y parcial por proteger a un partido político y perseguir a los adversarios constituyen expresiones objetivamente injuriosas por cuanto se le está atribuyendo la comisión de unos hechos delictivos y el incumplimiento de una obligación esencial e inherente a sus funciones como es la imparcialidad; lo que es siempre insultante y descalificador y, en consecuencia, lesivo para su honor".

No obstante, el Ministerio Público recomendó rebajar la indemnización de 240.000 a 20.000 euros al considerar que la petición es "excesiva y desproporcionada".

LA DEMANDA DE GARCÍA CASTELLÓN

La audiencia de este jueves ha tenido lugar después de que el pasado octubre se diera a conocer que García Castellón ampliaba ante el Supremo su demanda inicial contra Belarra por llamarle "corrupto" y prevaricador, solicitando que le indemnizara con 240.000 euros al considerar que esos comentarios le generaron "un daño moral".

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, García Castellón explicaba que ampliaba la demanda inicial después de que Belarra persistiera en los insultos luego de que él anunciase que emprendía acciones legales. Pedía al alto tribunal que declarara que las publicaciones que la exministra posteó en redes sociales constituían "una intromisión legítima en el derecho al honor".

Aunque inicialmente solicitó una indemnización de 120.000 euros, el magistrado dobló esa cuantía o instó al Supremo a que fijara una cifra "teniendo en cuenta los antecedentes de esta demanda, dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma".

García Castellón avisó de que esta cantidad no fue escogida "al azar, sino que fue calculada conforme a lo dispuesto" en la ley. A su juicio, "no cabe duda de que las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas". Además, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, "aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada".

Belarra, por su parte, ha defendido públicamente que lo pertinente sería que el Supremo desestimase la demanda porque considera que los calificativos que empleó son propios del ejercicio inherente a su condición de diputada, dentro de su libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón.