El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado mantener para la semana próxima el juicio contra el expresidente del Parlament Roger Torrent y los miembros soberanistas de su Mesa por desobediencia al Constitucional, pese a que aún se está dirimiendo la composición de la sala.
En un auto, el TSJC ha rechazado la petición de los acusados de que se suspenda el juicio, a la espera de que la sala que aborde las recusaciones resuelve si revoca su decisión de apartar al magistrado Carlos Ramos del tribunal que juzgará a Torrent y su Mesa.
Las defensas de los procesados solicitaron la suspensión del juicio, que ya tuvo que aplazarse en una primera ocasión y está previsto que comience el próximo miércoles, después de que la Fiscalía presentara un incidente de nulidad ante el TSJC para que se revoque la recusación de Carlos Ramos.
La sala del TSJC que estudia las recusaciones dio el jueves un plazo de diez días a las partes para que se pronuncien sobre la admisión a trámite del incidente de nulidad presentado por la Fiscalía Superior, con lo que no podrá resolver sobre el asunto antes de la fecha señalada para el inicio del juicio.
Ya fue aplazado
El juicio a la Mesa del Parlament ya fue aplazado el pasado mes de julio para sustituir al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que fue apartado del tribunal que enjuiciará a la Mesa al verse "comprometida" su "apariencia de imparcialidad" por abandonar en 2018 un acto donde el dirigente de ERC habló de "presos políticos".
Un mes después, el TSJC apartaba también al magistrado Carlos Ramos -con los votos particulares contrarios de dos de los seis magistrados de la sala- al entender que algunas expresiones que utilizó en un auto del proceso revelaban un "apasionamiento personal" y suscitaban "la legítima sospecha de falta de imparcialidad".
El incidente de nulidad que ha presentado ahora la Fiscalía pide que se revoque la recusación de Ramos, apelando a los argumentos utilizados por los jueces que emitieron votos particulares, al considerar que no es "ajustada a derecho".
La Fiscalía Superior de Cataluña pide un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Torrent, ahora conseller de Empresa, por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional, al permitir la tramitación de resoluciones soberanistas y de reprobación de la monarquía, cuando presidía el Parlament.
El ministerio público solicita la misma pena para Eusebi Campdepadrós -actual secretario de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat- y para Josep Costa.
A Adriana Delgado, que era miembro de la Mesa por ERC y participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.