El TSJPV da la razón a Vox y obliga a proteger los cuarteles de Loiola

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado parcialmente la razón al partido político Vox y obliga al Ayuntamiento de Donostia a proteger los cuarteles de Loiola. Más en concreto, ordena que este conjunto de edificios sea incluido en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc), como también había solicitado la asociación de defensa del patrimonio Áncora en las alegaciones al citado documento.

La sentencia judicial desbarata los planes del Ayuntamiento de Donostia, que lleva largas décadas acariciando la idea de transformar el espacio de los cuarteles, con escasa utilización, en un moderno barrio de viviendas. Para ello, el Consistorio y el Ministerio de Defensa llevan más de un año negociando para llegar a un precio de venta, que permita al Ayuntamiento hacerse con los terrenos en los que construir varios miles de viviendas, un 40% de ellas, como mínimo protegidas. Recientemente, el alcalde, Eneko Goia, manifestó que quedaban algunos flecos por aclarar y que confiaba en cerrar el acuerdo en verano.

Sin embargo, la inclusión de los cuarteles de Loiola en el Peppuc pone muy difícil la construcción de edificios residenciales en el solar, toda vez que la protección de los cuarteles impediría su derribo.

El fallo del TSJPV ordena que el conjunto de edificios se incluya en el Peppuc, y concreta que lo sea en el grado IV de protección que emplea la Diputación foral de Gipuzkoa, inferior al máximo grado del Peppuc, que es el A, reclamado por Vox en su demanda.

De cualquier modo, toda protección que impida los derribos de las naves de los cuarteles equivaldría a no poder ejecutar las viviendas programadas por el Ayuntamiento.

Los argumentos que señala la sentencia para obligar a que los cuarteles formen parte del listado de construcciones del Peppuc se basan en que, como reclama Vox, “cumplen los propios criterios establecidos en el Peppuc para ser incluidos”.

La sala llega a la conclusión de que “los cuarteles cumplen los criterios sentados en el Peppuc para ser protegidos, si bien no en la forma reclamada en el escrito” de la demanda. Según añade, existen varios elementos que apoyan las conclusiones de la sentencia. Uno de ellos es que otras instituciones, “ajenas a este procedimiento”, han señalado la necesidad de proteger las construcciones de Loiola aunque el Consistorio nunca ha llegado a considerarlo necesario.

La sentencia alude a posicionamientos del departamento de Cultura del Gobierno Vasco, que pidió incluirlo en un inventario de bienes patrimoniales. La Diputación, por su parte, también destacó en un informe de 2009 “la necesidad de protegerlos”, dice.

El fallo admite que el informe foral no forma parte de las alegaciones al Peppuc, que se aprobó de modo definitivo en marzo del pasado año y fue recurrido por Vox. Pero agrega que el documento técnico que rigió qué aspectos eran protegibles por el Peppuc “da una detallada descripción de los elementos acreedores de valores arquitectónicos”.

Otros cuarteles

También dice que los cuarteles de la misma época (se inauguraron en 1926) que quedan en pie “tienen protección y están catalogados a excepción del de Astorga, que sigue destinado a acuartelamiento”, para añadir que el dato no es “de por si concluyente” porque no son idénticos pero “sirve para reforzar la conclusión”.

La sentencia también señala que los informes de autoridades en materia cultural ponen en duda los argumentos del Ayuntamiento para defender que los cuarteles no debían estar incluidos en el Peppuc.

En concreto, el Consistorio dijo que no estaban justificados sus valores históricos, constructivos ni arquitectónicos para incluir los cuarteles de Loiola en el listado de protección y y añadió que el informe de la Diputación de 2009 “no justifica técnicamente la inclusión de los cuarteles de Loiola sino que se limita a referenciarlos” porque el departamento de Cultura no es “competente en materia de ordenación”.