El TSJPV anula el decreto que regula la planificación de los colegios pero no afectará a la prematrícula

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Traspié judicial para el Departamento de Educación. El Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto que modifica los criterios de ordenación de los centros educativos: el mapa escolar, la ratio de estudiantes por aula, el proceso de admisión, las áreas de influencia, la oferta de plazas... Es decir, la ‘biblia’ para la planificar la oferta de los centros públicos y concertados que ofrecen el servicio público de educación. El TSJPV invalida esta normativa capital por un defecto de forma, si bien no entra en el fondo de la misma. El Departamento de Educación ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. Por tanto, no se verá afectado el periodo de prematrícula del curso 2025-2026 que arrancará el próximo 3 de febrero.

Todo nace del recurso que la Confederación de AMPAs de la Escuela Pública Vasca (Ehige) y el sindicato Steilas interpusieron contra el decreto 23/2023, de 28 de febrero que modificaba los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en el País Vasco. Ambas organizaciones acudieron a los tribunales porque, a su entender, el texto igualaba la titularidad pública y privada de los colegios, lo que en su opinión contraveía la legalidad.

Asimismo denunciaron que el decreto no se adecuaba a la legalidad por tres razones: no garantiza plazas públicas, el Servicio Público Vasco de Educación "no tiene fundamento normativo" y reduce la participación de los agentes educativos. El Gobierno vasco por su parte defendió en el juicio la conformidad a derecho de la resolución impugnada y negó que hubiera en el procedimiento de elaboración del decreto recurrido una “total ausencia de justificación”. Cabe recordar que este decreto es anterior a la aprobación de la Ley Vasca de Educación, que es la que crea precisamente el Servicio Público Vasco de Educación integrado por centros públicos y privados concertados.

"No conforme a decreto"

Básicamente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula esta normativa por considerarla "no conforme a derecho" ya que carece de una memoria justificativa. Nada más, no entra en el fondo de un decreto del equipo de Jokin Bildarratz que venía a dar solución a varios de los problemas del sistema educativo vasco que se pretendían atajar con el Pacto Educativo: la crisis de natalidad y la segregación escolar del alumnado vulnerable en la red pública. En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV estima que el decreto concurre el "vicio de nulidad" denunciado por Steilas y Ehige "al haberse prescindido de una memoria justificativa, cuyo trámite deviene esencial en el procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias". Así, el Tribunal anula el decreto y condena a Educación a pagar las costas del juicio.

Tras conocerse la sentencia, dictada el pasado 30 de diciembre de 2024, el Gabinete que dirige Begoña Pedrosa defendió la "idoneidad" del decreto. Asimismo anunció que recurrirá en casación el fallo que invalida la normativa. A través de un comunicado, el Gabinete Pedrosa afirmó que las modificaciones introducidas en el decreto de planificación de los centros "vienen a dar cumplimiento al mandato del Parlamento expresado en el Pacto Educativo". Además, afirman que "muchas de las cuestiones" que se recogen en el texto "anticipaban aspectos después recogidos en la Ley de Educación". Por esa razón, Educación "defenderá en todas las instancias la idoneidad del decreto y su tramitación". Por otro lado, recuerdan que la sentencia no es firme, por lo que el decreto "sigue en vigor". Además, explican que "mientras tanto", sigue trabajando en el desarrollo reglamentario derivado de la Ley de Educación , en concreto, en un nuevo texto "que recoja todos los avances introducidos en cuanto a la planificación".

Reacciones políticas

Las reacciones políticas no tardaron mucho en producirse. EH Bildu ha pedido la comparecencia de la Begoña Pedrosa en el Parlamento Vasco para dar explicaciones porque "las familias necesitan certidumbre" en los días previos al inicio de la campaña de prematriculación del curso 2025-2026. El parlamentario de la coalición abertzale, Ikoitz Arrese, consideró que la anulación por los supuestos "errores" cometidos por el Educación, además de poner de manifiesto "su mala gestión", deja en una situación de "incertidumbre a las familias, a los centros y al propio sistema".

Asimismo, advirtió de que "los errores cometidos presuntamente por el Departamento de Educación en la tramitación de este decreto ponen en cuestión en estos momentos los criterios de matriculación de miles de alumnos y alumnas". Por su parte, la parlamentaria y presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha denunciado que "la única hoja de ruta" que sigue el Gobierno Vasco en materia de educación es la de "su imposición ideológica".