Los ayuntamientos vascos han hablado alto y claro contra la ofensiva judicial que está arreciando contra el euskera, y el continuo goteo de resoluciones que arrinconan este idioma. De este modo, afirman que la sentencia del TSJPV que anuló varios preceptos de la norma que fijaba los criterios de uso de las lenguas en los ayuntamientos “es contraria a la autonomía local y limita el desarrollo pleno de las competencias municipales en materia lingüística”.
La Asociación de Municipios Vascos realizó esta declaración en la primera reunión ordinaria de su Comisión Ejecutiva ante la sentencia del TSJPV, dada a conocer el pasado martes, que anula parte del decreto 179/2019 para el desarrollo del uso institucional y administrativo del euskera, reconocido en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE). Como ya hiciera ante la sentencia precedente del TC sobre este mismo asunto, Eudel se reafirma en la defensa de la LILE como “garante de la autonomía municipal”.
Sin embargo, llueve sobre mojado porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha vuelto a anular varios apartados del decreto del Gobierno vasco sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi. Un revés que se suma al varapalo hecho público este mismo martes tras un recurso interpuesto por Vox.
Y es que una sentencia fechada el 4 de octubre de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, presidida por el magistrado Luis Ángel Garrido, y hecha pública ayer, ha estimado en parte un recurso interpuesto por el PP contra el decreto 179/2019 del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.
En su argumentación, la sala va en la misma línea de la resolución del 28 de septiembre que también estimaba parcialmente el recurso del partido de Abascal, y anulaba algunos artículos del decreto que establece el euskera “como lengua de servicio y lengua trabajo de uso normal y general”.
Compromiso
Una de las primeras reacciones ha venido de la mano de Eudel. Porque las alcaldesas y los alcaldes se reafirman en la defensa de la LILE como garante de la autonomía municipal. Consideran que “la ley es imprescindible para materializar el compromiso de los ayuntamientos vascos con el euskera y la promoción de su uso en los municipios vascos”.
A su juicio, “la imposibilidad de que los ayuntamientos fijen criterios de uso oral y escrito de las lenguas oficiales, a nivel interno y externo, supone un freno para la normalización del uso del euskera en el funcionamiento de las entidades locales, y más preocupante aún, en los servicios que prestan a la ciudadanía vasca”. “Siendo los más perjudicados -dicen- los vecinos y vecinas de aquellos municipios donde el euskera es la lengua de uso mayoritario y habitual”.
Previamente, el portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, señaló, en una entrevista en ETB1, que “no ha habido ningún conflicto ni alboroto” ni en torno a la Ley Municipal aprobada con una amplia mayoría en el Parlamento vasco en 2016, ni en torno al decreto aprobado por el Gobierno vasco en 2019 para desarrollar lo que dicta dicha ley.
“¿Cuando surge este conflicto?, se preguntó. “Cuando un partido político (Vox) lleva al TSJPV la Ley Municipal y el decreto que la desarrolla. Ha judicializado una cuestión política y de ahí viene está última sentencia, que es grave”, lamentó.