Es algo que se presupone pero no siempre ocurre por eso que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas considere que las cuentas del territorio vizcaino son limpias es una constatación destacable de transparencia de una institución pública. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) que explicó en las Juntas Generales de Bizkaia su Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia correspondiente al ejercicio 2019 dijo que "no se proponen ajustes contables al remanente de tesorería, ni a los fondos propios". El informe detalla que, excepto por "4 incumplimientos", Bizkaia "ha cumplido razonablemente la legalidad que regula su actividad económico-financiera".
El informe incluye el análisis de aspectos legales como el cumplimiento de la normativa vigente, aspectos contables y un análisis financiero de las cuentas de la Diputación, del IFAS y de más de una veintena de entes forales, entre sociedades mercantiles y fundaciones. El TVCP dio su opinión sobre el cumplimento de legalidad y de las cuentas, incluyendo como es habitual un capítulo de "salvedades", y de otras consideraciones "que no afectan de manera relevante" a la gestión y al control de las cuentas del Territorio en la comparecencia en la comisión de Hacienda y Finanzas, protagonizada por su nueva presidenta Ana Elguera y por su vicepresidente José Ángel Quintanilla.
En primer lugar, Quintanilla aclaró que no la no comparecencia ante la comisión el expresidente del tribunal y ex Diputado General de Bizkaia José Luis Bilbao, porque no ha intervenido en la fiscalización de las cuentas del territorio. El vicepresidente del tribunal destacó después que el informe concluye que las cuentas de 2019 son "limpias".
Las salvedades
Diputación y el IFAS han incrementado en un 1,3%, de las retribuciones de cada puesto, el complemento específico de todo su personal para devolver la deuda por pérdida de poder adquisitivo del periodo 2012-2013, recogida en el acuerdo para el personal funcionario y el convenio para el personal laboral. En opinión del tribunal, esta asignación "altera la naturaleza del complemento específico fijada en la normativa sobre función pública".
La Diputación ha abonado "2,1 millones de euros" y el Instituto Foral "660.000 euros", en 2019. Una segunda salvedad es la que se refiere a Bizkaikoa, Garbiker y Biscaytik porque han contratado suministros o servicios por valor de "870.000 euros, sin respetar los principios de publicidad y concurrencia".
Otro pero del tribunal lo protagonizaron Basalan, el Palacio Euskalduna y la Fundación Juan Crisóstomo de Arriaga, porque han superado las cantidades asignadas para un contrato, sin aprobar modificación alguna. En concreto, "por 52.000, 57.000 y 200.000 euros", respectivamente.
Y, por último, las salvedades de legalidad terminan con un servicio adjudicado por la Diputación y otros servicios y suministros de seis entidades, que continuaron su ejecución después del vencimiento.
La ejecución en 2019 ascendió a "110.000 euros" en la Diputación y a "1,3 millones de euros" en las sociedades públicas forales.
Salvo estas salvedades, las cuentas que integran el Territorio Histórico expresan "en todos los aspectos significativos, la actividad económica del ejercicio 2019, la imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera, así como los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo", dijo Quintanilla.