La tensión se puede cortar con un cuchillo en el Estado. El Tribunal Constitucional tiene en sus manos este lunes paralizar la reforma que modifica el método de elección de sus jueces, antes incluso de que el cambio legal se apruebe en el Senado. El recurso que ha presentado el PP se ha recibido por parte del Gobierno español y la mayoría de la clase política como una injerencia sin precedentes en el poder legislativo, porque supondría paralizar la reforma legal de manera preventiva antes incluso de que sea aprobada. Esta escalada en la tensión política se observa con preocupación desde Euskadi, pero con un nivel de sorpresa mucho menor.
En el caso de la comunidad autónoma vasca y de otras autonomías, existe una situación de indefensión muy similar a la que ha surgido ahora en el Congreso, y ninguno de los principales partidos españoles se lo ha tomado hasta la fecha como un ultraje. PP y PSOE recuperaron en 2015 la figura del recurso previo de inconstitucionalidad que permite suspender los estatutos de autonomía antes de que sean sometidos a referéndum entre la ciudadanía y antes de su entrada en vigor. Es una vigilancia especial pensada en exclusiva para los estatutos.
El recurso previo de inconstitucionalidad existía en un primer momento para todas las leyes, pero Felipe González lo suprimió. En 2015, PP y PSOE lo recuperaron con la mirada puesta en Catalunya. El cepillado del Estatut que había sido respaldado por los catalanes provocó un incendio político, y PP y PSOE se propusieron incluir un control previo a ese referéndum, para evitar que se repitiera semejante choque de legitimidades con el Estado. La reforma permite recurrir los estatutos cuando sean aprobados por el Congreso de los Diputados, tres días después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. La interposición del recurso suspende el referéndum y la entrada en vigor. El Constitucional tiene un plazo de seis meses para decidir. El PNV ha defendido en esta legislatura que se suprima, pero el PSOE lo rechaza. Este control se cierne como una sombra sobre un futuro nuevo estatus en Euskadi.
Es cierto que los estatutos tienen que ser aprobados en las Cortes Generales antes de recurrirlos, mientras que el PP pide medidas cautelarísimas contra la reforma del método de elección del TC antes siquiera de aprobarse. Pero en ambos casos se impide la entrada en vigor de la ley. El TC interviene así en el proceso de redacción. Por el contrario, cuando una ley entra en vigor y un partido recurre después, la sentencia puede tardar ya años en llegar. Cuando el control previo se aplicaba a todas las leyes, el PSOE creía que era una artimaña de la derecha para frenar su acción de gobierno. La connotación negativa era evidente.
Ariete del PP y Vox
Esta controversia ha puesto también sobre la mesa la utilización del tribunal como ariete político, para tumbar a través de los jueces las leyes que la derecha española no puede impedir en el Congreso por carecer de la fuerza necesaria, al no haber obtenido votos suficientes en las elecciones. Los partidos que cuentan con al menos 50 diputados pueden interponer recursos ante el tribunal, como han hecho PP y Vox contra la transferencia del Ingreso Mínimo Vital a la comunidad autónoma vasca y Nafarroa, o contra el acuerdo para que Euskadi asuma la competencia sobre los interventores y secretarios municipales. El Constitucional ha fulminado ya una decisión tomada desde el Parlamento Vasco: ha tumbado el recorte de los tiempos de intervención de Vox a un tercio, aunque su grupo está formado por una sola persona.
Aunque el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha apostado por reducir la judicialización, no ha renunciado del todo a interponer recursos y ha abierto algunos litigios relacionados, por ejemplo, con aspectos menores sobre la vacunación en la Ley Antipandemia vasca. Ahora mismo, se negocia la Ley vasca de Profesiones del Deporte para evitar otro recurso. Los recursos del Gobierno español ponen de manifiesto otro caso de indefensión: la suspensión automática de los preceptos recurridos mientras se decide sobre el fondo del asunto. Esta situación ha motivado que el lehendakari y el PNV hayan pedido en sucesivas ocasiones un árbitro imparcial en estos conflictos, quizás a través de una Comisión del Concierto Político que reúna a ambos gobiernos para abordar las discrepancias. En paralelo, el lehendakari ha pedido un poder judicial vasco.
Este debate no es nuevo en Euskadi, pero sí parece que en los últimos meses ha comenzado a caer el velo en el Estado. Se habla abiertamente de la politización del Tribunal Constitucional, no solo por este recurso del PP, sino por los años de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del propio tribunal, donde el partido de Alberto Núñez Feijóo se siente cómodo con la mayoría conservadora. El recurso se ha percibido como una interferencia más en la política, como si los jueces fueran una extensión de los propios partidos mayoritarios. El reparto de fuerzas beneficia ahora mismo a los conservadores, con seis representantes frente a los cinco progresistas.
"Hipervigilancia del Estado" sobre leyes vascas
La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha repetido este viernes que su departamento defenderá “con absoluta firmeza la legalidad y la legitimidad” de las leyes aprobadas por el Parlamento, y ha criticado la “hipervigilancia” del Estado. Lo ha hecho en el Parlamento, en respuesta a una pregunta de PP+C’s sobre la negociación para evitar el recurso en la Ley de Profesiones del Deporte. La consejera apeló a la discreción para no dinamitar el proceso.