Los sindicatos ELA y LAB y el consejo de organismos sociales del euskera Kontseilua han abogado por fijar un plazo de 15 años para la euskaldunización plena de la Administración vasca y han defendido que ya en las nuevas convocatorias los puestos de trabajo tengan establecido, al menos, el perfil lingüístico B2.
Dichas organizaciones han acordado una propuesta con medidas para euskaldunizar el sector público vasco, que harán llegar al Gobierno vasco para que las tenga en cuenta en el decreto en la materia en el que trabaja, así como a los partidos políticos.
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, y el responsable de Kontseilua, Paul Bilbao, han presentado su propuesta en un acto informativo, en el que también han rechazado la resolución judicial contraria a que haya que acreditar el nivel B2 de euskera para el acceso a la bolsa de trabajo de los policías locales de Vitoria.
ELA, LAB y Kontseilua han denunciado que los jueces "siguen alimentando una política lingüística que provoca vulneraciones de los derechos lingüísticos de los vascoparlantes" y han considerado que este tipo de resoluciones evidencian la necesidad de elaborar una normativa sólida "sin resquicios".
En su propuesta, reclaman fijar un plazo de quince años, concluido el cual se garanticen unos conocimientos mínimos de euskera en todos los empleos públicos.
En su opinión, así se garantizará que los vascoparlantes puedan acceder al servicio en euskera, al igual que lo hacen los castellanohablantes, y que se pueda trabajar en euskera en la Administración.
Los objetivos serían, según su planteamiento, garantizar la relación en euskera con la ciudadanía en el plazo de cinco años y que el sector público trabaje en euskera en un plazo de quince.
ELA, LAB y Kontseilua consideran que el hecho de que en los próximos años se vaya a jubilar la mitad de los empleados públicos constituye "una oportunidad" para lograr ese objetivo en un proceso que incluya a todo el personal.
Su propuesta prevé que haya recursos y un programa de formación sólido para que los empleados públicos que ahora trabajan en las administraciones y no saben euskera puedan aprender la lengua vasca.
Consideran, además, que para llevar a cabo el proceso son necesarias unas condiciones laborales "dignas" y avisan de que la alta temporalidad en las administraciones vascas supone "un obstáculo para el euskera".
Los sindicatos nacionalistas y Kontseilua reclaman superar el índice de obligatoriedad ahora establecido, ya que, de no hacerlo, "siempre quedará la posibilidad de incorporar al sector público personal sin la capacitación lingüística necesaria" y su posterior euskaldunización "supondrá un importante sobrecoste", según advierten.
Afirman que teniendo en cuenta que las nuevas generaciones que se incorporarán próximamente al mercado laboral serán las más bilingües de los últimos tiempos, "es imprescindible que los puestos de trabajo tengan establecido en todas las nuevas convocatorias, al menos, el perfil lingüístico B2 y que al menos una prueba de las relacionadas con la función o el desempeño del puesto se realice en euskera".
La propuesta aboga por establecer unos criterios para priorizar el uso del euskera con el fin de normalizar su uso ya que, según avisan, "de poco sirve acreditar el perfil lingüístico" si el personal luego no desarrolla su labor profesional en euskera.
Asimismo, recoge las consecuencias de no cumplir la fecha de obligatoriedad que plantean y posibles exenciones para aquellos empleados públicos que por razones de edad o de otro tipo no puedan aprender euskera, analizado todo ello caso a caso. Los firmantes han aclarado que apuestan por mantener al personal de la administración en sus puestos de trabajo.