Solo 130 de las 355 víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Catalunya serán indemnizadas, con un montante que el Ministerio del Interior cifra en 7,2 millones de euros. Los atentados yihadistas, que tuvieron lugar en Las Ramblas de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils, provocaron la muerte de 16 personas y dejaron 140 heridos. Hasta 355 personas figuran en la relación de hechos probados de la sentencia que la Audiencia Nacional emitió el pasado mes de julio, aunque solo 216 han solicitado algún tipo de ayuda o indemnización. De ellas, únicamente esas 130 obtendrán una compensación por los daños físicos o psíquicos causados por los ataques. Hasta la fecha, 84 expedientes han sido desestimados por distintos motivos y dos están aún pendientes de resolución. El resto de víctimas reflejadas en el fallo judicial, 139, no han presentado solicitud de compensación en plazo por razones que se desconocen. Con estos datos, resulta lógico que familiares y afectados por aquellos sucesos denuncien sentirse “abandonados” institucionalmente, víctimas del terrorismo “de otra división”, como así trasladaron ayer miércoles en el emotivo y austero homenaje de recuerdo que tributó la ciudad condal en el quinto aniversario de los atentados.
Manifestantes que exigían transparencia sobre los hechos.
Un tenso acto donde, mientras sonaba de fondo El Cant dels Ocells, el oficioso himno de la paz de Pau Casals, un reducido grupo de 40 personas, vinculadas al entorno independentista, quebró el minuto de silencio al grito de “queremos la verdad”, después de que el excomisario José Manuel Villarejo insinuara que el CNI estuvo detrás de esta masacre con el objetivo de “dar un susto” a Catalunya. De hecho, el extenso dictamen que firmó el juez Félix Alfonso Guevara, más allá de alterar levemente las penas de dos de los tres condenados en el juicio (Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza), certificó el carácter exclusivamente yihadista de aquellos ataques e insistió en que los responsables directos de los atentados están todos muertos. Pero no aclaró la relación del imán con el CNI ni los objetivos originales de la célula o por qué no se activaron los protocolos tras la explosión de Alcanar. La voladura de la casa ocupada en este municipio de Tarragona desbarató los planes de los chicos de Ripoll, que en verdad tenían como objetivos la Sagrada Familia y el Camp Nou, y no atropellar a cientos de viandantes en la capital catalana o el ataque suicida de Cambrills horas después.
Desamparo
Jumarie Querimit, madre del niño australiano que murió.
En el tributo, una ofrenda floral con claveles blancos frente al mosaico de Miró en Las Ramblas, los políticos dieron el protagonismo a las víctimas y a sus allegados, de forma que los representantes institucionales, encabezados por el president Pere Aragonès, la presidenta del Congreso Meritxell Batet, los ministros Miquel Iceta y Raquel Sánchez, y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, se situaron en segunda fila. Aunque el protagonismo mediático se concentró en quienes desairaron con su actitud a los homenajeados, varios de los damnificados cargaron otra vez contra el desamparo en que están sumidos, con solo un tercio de indemnizados pese a tener de su lado a la Justicia y con sentencia en mano. “Solo esperamos por parte de las instituciones respeto y reconocimiento, pero sin embargo estamos abocados al olvido y a la marginalidad”, criticaron a través de un manifiesto la asociación de víctimas del terrorismo ACVOT, con la Plataforma 17-A y Politeia. “Tenemos que olvidarnos de todos aquellos que justifican los atentados, el terrorismo es inmune y se apoya y se nutre de los silencios mayoritarios”, señalaron en un día “de recuerdo y de memoria para todos aquellos que sufrieron el azote del terrorismo”.
Aragonès agradeció a los profesionales de los equipos de emergencias su labor durante el atentado y trasladó un recuerdo a las víctimas y un abrazo a sus familias mediante un tuit en el que aseguró que el No tenim por (No tenemos miedo) que se coreó entonces “está más vigente que nunca”. También mediante las redes sociales, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abogó por continuar “avanzando unidos por la libertad y la convivencia”; mientras que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lamentó que no se haya respetado “algo tan sagrado” como el minuto de silencio, y exigió que, pese a que es “absolutamente lógico” que las víctimas exijan la máxima transparencia sobre el atentado, no se utilicen “estas cuestiones para alimentar teorías de la conspiración”, ya que “los propios Mossos d’Esquadra –y el por entonces major Josep Lluís Trapero– dicen que no tienen ninguna base”.
El expresident Carles Puigdemont precisó que el mejor homenaje a las víctimas es “saber toda la verdad”, ya que “no es justo ni humano negarles el derecho a saber”. En este sentido, Junts reprochó la “pasividad de algunos estamentos políticos y policiales” del Estado ante el 17-A. “Cinco años después todavía hay incógnitas por aclarar, como la relación del CNI con el imán de Ripoll, Abdelbaky Es Satty, que jamás se ha querido investigar con la transparencia y el rigor que requiere un hecho tan grave como este”. Quien entonces ejercía de conseller de Interior, Joaquim Forn, apuntaba a Público que “todavía hay cosas de los atentados que no sabemos, sobre todo por parte del Estado”. Lo que sí resulta tangible es la soledad de las víctimas y los suyos.