Las Ayudas de Emergencia Social (AES) conforman el primer escudo contra la exclusión, la pobreza y la marginalidad. Son un paso previo a la cobertura social que ofrece la Renta de Garantías de Ingresos (RGI). Medio año, seis meses, es el tiempo que separan las puertas de acceso entre ambas prestaciones, revisadas periódicamente por los Servicios Sociales y controladas por los ayuntamientos y otros organismos para que el dinero asignado tenga el destino prometido y, en caso contrario, reclamar la cantidad sin justificar.
Este curso serán más de 21 millones de euros a repartir entre los 112 municipios de Bizkaia. En concreto 21.489.750 euros, una cifra muy similar a la presupuestada por el Gobierno vasco para el año recientemente finalizado (-132.687 euros) y algo más alejada de los ejercicios de pandemia (-1.433.544 euros con respecto a 2020, por ejemplo), cuando las situaciones de exclusión personal, social y laboral sobrevenidas requerían de una actuación urgente por parte de las instituciones. Poco a poco, las aguas parece que han vuelto a su cauce y la nueva normalidad se ha ido asentando también en las agendas políticas vinculadas a la atención comunitaria.
De hecho, “lo normal” era que antes de la covid-19 las Ayudas de Emergencia Social estuvieran dotadas de 27 millones de euros para el conjunto de la CAV; ahora –desde aquel inolvidable 2020– se superan los 40 millones porque las necesidades urgentes a atender siguen más presentes que nunca en forma de acceso a la vivienda, de cesta de la compra o de pobreza energética, que “se está convirtiendo en una realidad preocupante”, expresaban fuentes del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
Bonos por valor de 4 millones
Este mismo viernes, sin ir más lejos, está previsto que sean presentados los bonos energéticos (1,5 millones de euros) y de necesidades básicas (2,5 millones de euros) que serán pilotados por Cruz Roja a través del programa Hitzartuz. En total, cuatro millones de euros que sumar a los 37 millones de euros consignados por el Ejecutivo vasco para las AES durante este 2023 para el conjunto de la CAV, según datos a los que ha tenido acceso DEIA. De este modo se espera poder responder con garantías a la escalada de precios desatada y a los problemas económicos asentados después del carrusel de crisis vividas.
No en vano, la bolsa de las AES ha crecido durante los momentos más duros de estos últimos años para atender las necesidades detectadas en miles de personas y unidades familiares. Solo en Bilbao fueron aprobados 6.041 expedientes durante 2021 –último año con datos cerrados– de un total de 7.245 solicitudes recibidas. En aquel ejercicio, las 112 administraciones locales vizcainas gestionaron 21.965.363 millones de euros de los que 8.008.429 correspondieron a la capital.
Este 2023 la cantidad consignada al botxo en el capítulo de Ayudas de Emergencia Social será de 7.969.668 millones de euros. El plazo para poder solicitar esta línea de ayudas extraordinarias se abrió el mismo 1 de enero. Y el expediente puede contemplar varios conceptos, desde el recibo del alquiler hasta la compra de ciertos electrodomésticos así como los gastos ordinarios de mantenimiento de la vivienda (agua, basuras, alcantarillado…) y los derivados del consumo energético.
En el caso de Bilbao, por ejemplo, se ha determinado que la cuantía máxima por expediente sea de 2.500 euros, aunque esta cifra podría ser superada “en situaciones excepcionales en las que se justifique la necesidad mediante los informes pertinentes”. En septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Bilbao ya había resuelto favorablemente 4.091 expedientes de Ayudas de Emergencia Social por un importe de 6,7 millones de euros.
En este sentido, según ha podido saber DEIA, el Consejo de Gobierno dará luz verde este mismo mes a la propuesta del Departamento de dirige Beatriz Artolazabal para incrementar las cuantías máximas previstas en conceptos como el alquiler (ahora son 275 euros/mes), amortización de créditos (ahora son 3.000 euros/año) y necesidades básicas no cubiertas por los diferentes sistemas públicos (ahora son 1.850 euros/año). La correspondiente al suministro energético ya había pasado de 900 a 1.500 euros/año.
Actualizadas al contexto
Con todo, el Ejecutivo vasco confía en amortiguar los impactos que la inflación, la guerra y otros sucesos extraordinarios puedan ocasionar este año en el padrón municipal de Bizkaia. El objetivo es poder asegurar que esas prestaciones públicas sociales están actualizadas al contexto económico y que son capaces de responder a las necesidades de esas miles de personas que tengan que recurrir a las mismas para cubrir gastos ordinarios o extraordinarios y prevenir así situaciones de exclusión social.