Helena Maleno (El Ejido, 1970) vive en Tánger. En 2002 fundó el colectivo Caminando Fronteras, que apoya a las comunidades de migrantes subsaharianos durante su proceso migratorio y denuncia las vulneraciones de derechos humanos en la frontera sur española. También avisa a Salvamento Marítimo para reclamar el rescate de embarcaciones a la deriva. Un trabajo que le ha valido reconocimientos, pero también estar en el punto de mira de la policía española y marroquí, acusada de favorecer la inmigración irregular, causa que fue archivada. Escuchar a Maleno es una forma de acercarse a los peores mecanismos que operan en el Estado. Esta periodista y activista suma a sus argumentos la fuerza de ser testigo de un horror justificado. Este viernes pasó por los Encuentros 72-22.
Denuncia que existe un ‘léxico del odio’.
-Con palabras como invasión, avalancha, criminales, se puede sostener una serie de políticas que atentan contra la vida. También los medios de comunicación, durante estos 30 años de construcción de muros y vallas, han jugado un rol muy importante, de voceros de ese lenguaje excluyente que construía la otredad.
Los otros que serán siempre los otros, como ha denunciado la escritora Briggite Vasallo.
-Exactamente. Por ejemplo, cuando las muertes de Tarajal, todo el mundo, durante 24 horas, se creyó una versión oficial, cuando había supervivientes contando lo sucedido. Un medio de comunicación tiene que ir a contrastar las fuentes, pero en el caso de esa otredad no nos interesa ni siquiera que sus voces tengan espacios. Se está construyendo una sociedad donde los derechos humanos están siendo secuestrados. Incluso el derecho a la vida. Cada vez es más difícil acceder a unos derechos que suponíamos que habíamos conquistado. Esos discursos empiezan a gangrenar la democracia. Es importante reflexionar sobre ello.
“ El Defensor del Pueblo corrobora lo dicho por las víctimas en la masacre de Melilla. Hay que investigar ”
La paradoja es que no hay conciencia de esto. Vivimos en una cierta autocomplacencia. A lo sumo, bajo un discurso de la compasión.
-Esto no es baladí. Las políticas de la compasión fueron implementadas por la socialdemocracia en Europa, donde los derechos humanos se convierten en privilegios para una parte de la población y no en derechos para todo el mundo. Recuerda a lo que ha pasado en residencias de ancianos durante la pandemia. Es la necropolítica, donde se redacta un protocolo, como en la frontera, en el que se deja morir. Esas políticas de la compasión crean herramientas paternalistas que ocultan que el sistema está provocando muertes. No es una política de vida, sino de muerte.
Usted es periodista. ¿Qué le interpeló para enfocarse en esta cuestión?
-Vengo de El Ejido. Una sociedad muy atravesada por la migración.
Que tuvo un episodio tremendo.
-En el año 2000. Un episodio de razia. He visto cómo la sociedad en la que me crié ha sido atravesada por ese discurso del odio. Como periodista me interpelaba cómo lo estábamos contando, qué estaba pasando, y cuál era el papel del lenguaje. De repente, mis vecinas decían que iban a ser violadas por los moros, cuando en mi barrio muchas de las mujeres estaban siendo maltratadas dentro de sus casas. Víctimas de violencia machista durante años que de repente se cruzaban de acera cuando veían una persona con unos rasgos, porque les iba a violar. Y en aquellos años me interesó mucho la externalización de fronteras que ya era visible. Cómo dábamos dinero a terceros países para que aplicaran esa forma dura de la exclusión. Me fui a Marruecos y seguí investigando.
Lleva 20 años allí.
-He sufrido un proceso de criminalización por salvar vidas, y se archivó la investigación. El dosier fue creado por la policía española en 2012 y la policía marroquí me investigó a petición de la española, que intentó encausarme en la Audiencia Nacional. Esta les dijo que no había delito, y entonces enviaron ese dosier de forma no ortodoxa, sin pasar por los canales oficiales ni por la embajada, con una petición de que se me condenase a cadena perpetua.
Eso es gravísimo.
-Sí, fue uno de los dosieres cloaca que ha hecho durante mucho tiempo la policía del Estado español. Lo hemos visto en movimientos políticos, pero con mi caso vimos que también lo hacían a defensoras de derechos humanos. Querían cadena perpetua por tráfico de personas y por favorecer la inmigración irregular aunque decían que el tráfico que yo hacía era sin ánimo de lucro, porque evidentemente (se ríe) yo no era traficante.
La sensación de soledad debió ser dura.
-De soledad no, porque aparecí en los informes del relator de Naciones Unidas. La relatora de ejecuciones extrajudiciales interpeló a España y a Marruecos por mi caso, trabajé con defensoras de Honduras y México, que me enseñaron a protegerme y me explicaron que esto es lo que hacen los Estados. Ellas sufren lo mismo, pero claro, yo nunca pensé que me iba a ver en una situación como esta. El Estado español me perseguía, en los informes aparecía Frontex, con lo que también me perseguía Europa, además de Marruecos. Conmigo quisieron crear un caso paradigmático. Eso lo hacen mucho. Para que tengan miedo el resto de organizaciones que trabajan en lo mismo.
“ Las migraciones son un negocio, y las empresas de armamento dirigen la agenda gobierne quien gobierne ”
¿En el archivo de la causa en 2019 tuvo que ver el nuevo Gobierno?
-No, este Gobierno no ha tenido una posición activa de protección, salvo algunos ministerios, como el de Derechos Sociales o la antigua ministra de Asuntos Exteriores. De hecho, los policías que hicieron el dosier siguen en sus puestos, con cargos importantes dentro de la UCRIF, y no se ha abierto ninguna investigación interna.
Se asocia la cuestión migratoria a la frontera sur, pero olvida la migración vía aeropuertos, por ejemplo.
-La mayoría de las personas que entran al territorio del Estado español lo hacen por los aeropuertos internacionales. El porcentaje de las embarcaciones y de los saltos a la valla es pequeño. Pero esto último es muy visible porque la inversión en el control de esas zonas es muy grande, y ahí las migraciones son un negocio, donde entran las empresas de venta de armamento, y un segundo negocio, con las vallas, los drones, los pasaportes biométricos... Hay una agenda global, la dirigen empresas de armamento, y no hay diferencia de implementación gobierne quien gobierne.
Caminando Fronteras denuncia mil muertos en el Mediterráneo en el primer semestre de este año.
-Sí, exacto.
“La repetición acumulativa de la tragedia tiende a relajar su intensidad” dijo Caballero Bonald. ¿Nos acostumbramos a esto?
-Se acostumbra el norte, pero tiene un impacto en quienes la sufren. Hablamos de pueblos que han perdido a todos sus jóvenes. Eso, acumulado en un territorio, tiene un impacto impresionante. Claro, no lo vemos, pero nosotras sí. En Argelia, por ejemplo. Y sobre esto, en algún momento, se pedirán cuentas al Gobierno del Estado español. El impacto es como el de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil. Desapariciones por hacer morir, como en Tarajal, o por dejar morir. Por no ir a rescatar a una patera que te está pidiendo auxilio. Escuchan los gritos, y no van, y les dejan morir. Eso pasa cada día. En 2021 fueron 4.404 muertes las que pudimos documentar. Seguramente fueron más. Tenemos un teléfono de alertas 24 horas, al que nos llaman las embarcaciones que están en el mar. Y otro donde las familias buscan a las personas desaparecidas.
El Defensor del Pueblo ha denunciado que en los sucesos de Melilla hubo 470 devoluciones ilegales.
-A nosotras no nos sorprende, porque la democracia está secuestrada y son decisiones policiales las que se toman. Desde Caminando Fronteras hicimos un informe, donde las personas que asistimos, más de ochocientas heridas, nos explicaban cómo habían sido devueltas, y cómo cuerpos inertes habían sido también enviados al otro lado. Celebramos que sea una institución del Estado la que corrobore lo que ya han dicho organizaciones sociales y las propias víctimas. Ahora habría que abrir una investigación sobre las responsabilidades. Y que actuase la Justicia, por todos los delitos que se cometieron aquel día. Puede haber una responsabilidad en las muertes que se produjeron aquel día.
“Marruecos es un socio leal y fraternal”, había dicho horas antes el ministro Grande-Marlaska.
-Por eso Marruecos en la masacre de Melilla dejó que se difundieran todas las imágenes, porque mostraban hasta dónde está dispuesta a llegar la democracia española, a permitir que maten a la gente. Europa le dio 500 millones de euros después, y con esos millones, por ejemplo, el otro día a una patera con personas que estaban subiendo a la embarcación, la gendarmería disparó, le disparó a bocajarro en el pecho a una chica subsahariana, y la mató. A pie de playa.
El Gobierno español ha cambiado su posición en el Sáhara.
-Sí, hay una serie de intereses que se dirimen en esa frontera. No solo terrestre, sino también marítimos.
En la cuestión migratoria, ¿el yihadismo ha sido justificación o también pretexto tras el 11-S?
-Antes era el terrorismo. Ahora el discurso que se invoca es la existencia de las mafias. Sin embargo, estas son cada vez son más poderosas. Si ese discurso nos vale, los Gobiernos no hacen bien su trabajo y el Ministerio del Interior ha fracasado durante todos estos años en su trabajo, porque desde que se aplican este tipo de políticas hay mafias cada vez más grandes y más peligrosas. Habrá que ver si esos discursos son solo una justificación para tapar las muertes y para mantener el negocio de la frontera. No es que quieran cerrar las fronteras, es mentira, quieren una frontera porosa, donde las empresas de armamento puedan seguir invirtiendo, aunque eso produzca muertes, y donde haya grupos de gente que puedan pasar, porque en el Estado español sigue habiendo esclavitud laboral y esclavitud sexual. La esclavitud laboral es necesaria para el campo. Sigue existiendo en Almería, en El Maresme, en Huelva, Murcia...
¿Cuál es la situación en los CIEs?
-Forman parte de ese entramado y negocio. Son cárceles racistas, muchas veces no se puede expulsar a las personas encerradas en un CIE, porque es prácticamente imposible. El de las deportaciones es otro gran negocio, donde por ejemplo Airbus es una de las compañías que más dinero gana. Las prisiones tienen un reglamento más garantista que los Centros de Internamiento de Extranjeros, donde hay personas encerradas sin haber cometido ningún delito.
“ El Ministerio del Interior ha fracasado desde que aplica estas políticas, hay mafias cada vez más grandes ”
Otros dos términos que se han colado en el discurso actual. Por un lado el de ‘menas’, para categorizar a chicos y chicas menores de edad.
-’Mena’ es una palabra para quitar los derechos de la infancia, terriblemente vulneradora de derechos, donde hemos despojado a una parte de la infancia de su condición. Una de las bases de la democracia es proteger a las personas de esa edad. y eso nos lo hemos saltado. Hay centros de menores, por ejemplo, que buscan personal fuerte y corpulento para poder hacer reducciones. Hay niños que han muerto por esas reducciones, por esa utilización de la fuerza, han muerto asfixiados. O niñas que han llegado a territorio del Estado español, sus mamás murieron en la embarcación, y no se las devuelven a sus familias, porque nuestro sistema de menores racista piensa que están mejor con familias blancas que con su propias familias. Esto es el término mena. Y lo que pasa detrás de él.
También se ha popularizado el sustantivo ‘buenismo’.
-A lo mejor es que soy muy mayor, pero a mí mi madre siempre me dijo que yo tenía que ser buena (se ríe).
La paradoja es que el término 'malismo' no haya cuajado.
-Exactamente. No entiendo el término ‘buenismo’, no me entra en la cabeza. Si buenismo es defender la vida, soy buenista. claro que sí, defendemos la vida. Lo lógico es entendernos, comprendernos, crear redes de protección de la vida. En la pandemia se supone que habíamos aprendido eso. Luego se nos ha olvidado de nuevo.
Habla de “racismo institucional”, de víctimas y victimarios. Todo esto, al progresismo afín al Gobierno, le debería generar algún crujido.
-Sí, le debería resonar. Que la madre que por ejemplo está desesperadamente pidiendo al Estado español hacerse un test de ADN porque hay un cuerpo que a lo mejor es su hijo, quiere decidir sobre cómo será enterrado, eso es algo que debe resonar. ¿Sabe qué? Hay familias que van a las comisarías a denunciar una desaparición y la policía española les dice que no tienen derecho a hacerlo. Nosotras hemos pedido a Marlaska que por favor haga una circular y recuerde a todas las comisarías que las familias tienen derecho a buscar a sus desaparecidos, y que eso está en la ley.
¿Y ni eso?
-Ni eso.
¿Qué debe hacer en conjunto el periodismo?
-Tiene una responsabilidad con los derechos humanos. No puede haber un periodismo que los vulnere. Es un compromiso que tienen los periodistas. Las prácticas, los mensajes, las fuentes, tienen que ir siempre con ese enfoque de derechos humanos. Tenemos que ir a hablar con la otredad, con los otros. Contar sus historias, como contaríamos las nuestras, con respeto, sin revictimización ni estigmatización. Por ejemplo a la hora de hacer fotos.