¿Es el momento adecuado para reactivar la cuestión de un nuevo Estatuto?
—No es una prioridad absoluta. En la situación que estamos viviendo tenemos otras prioridades, la principal es superar la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia y, desde luego, poner en marcha los instrumentos y herramientas para afrontar lo que va a ser el futuro post-covid. Pero no vamos a rehuir ningún debate, y si hay otros grupos parlamentarios que quieren ponerlo encima de la mesa, desde luego que los socialistas vascos, como no podía ser de otra manera, estaremos en ese debate.
En el caso de que se reactive tras el verano, ¿con qué objetivos debe hacerse?
—Debe hacerse para incorporar en el futuro Estatuto todos los derechos sociales que hemos venido conquistando en los últimos 40 años y que no están incorporados en el actual Estatuto. Yo creo que las bases del autogobierno nos han permitido gestionar los distintos futuros que se planteaban en cada momentos, pero no hemos tenido oportunidad de incorporar herramientas básicas para lo que es el estado de bienestar vasco actual. Es decir, hay derechos sociales conquistados que son de indudable relevancia, como pueden ser la RGI o la Ley de Vivienda, que entendemos que tienen que tener un hueco importante en ese nuevo texto. Además, en la incorporación de estos derechos hay un amplísimo consenso y podríamos tener la clave de un posible acuerdo amplio entre distintos grupos políticos. También tiene que servir para asentar las bases de la sociedad vasca del futuro que queremos construir. Tenemos un estado de bienestar en Euskadi muy consolidado, pero no nos podemos conformar nunca con lo que tenemos.
¿Excluirían entonces de los trabajos de nuevo estatus los debates identitarios?
—Los debates identitarios para lo único que sirven es para dividir a la sociedad, para tensionarla y desde luego para generar una fractura que, como se ha demostrado, no aporta nada. La unidad de acción y de la sociedad es la clave para conquistar un futuro mejor para la ciudadanía. Por tanto, incorporar debates que puedan dividir, que puedan suscitar tensiones o que nos puedan llevar a traspasar el marco legal actual, que no deja de ser el marco de convivencia, es un riesgo absolutamente innecesario.
¿Qué opina del plan del lehendakari para un nuevo estatus refrendado por la ciudadanía con una consulta?
—Si hubiera un amplio acuerdo en torno a un texto respaldado en esta Cámara, por una cuestión de precepto legal el texto debe ser remitido a las Cortes Generales, y después evidentemente tiene que ser refrendado en las urnas por la ciudadanía. Por tanto, esa hoja de ruta no deja de ser la que marca la propia legalidad: un referéndum a través del cual se ratifique un texto que haya sido respaldado por una mayoría de esta Cámara.
Esa mayoría amplia parece difícil de alcanzar. En la pasada legislatura hubo dos pactos diferentes: PNV-EH Bildu para las bases y PNV-PSE-Podemos para el texto que salió de la mesa de expertos. ¿Se puede romper esta dinámica de bloques?
—Deberíamos intentarlo. No solo romper esa dinámica entre nacionalistas y no nacionalistas o entre soberanistas y no soberanistas, sino hacer un esfuerzo por intentar aglutinar al máximo de fuerzas políticas posibles y conseguir un consenso. El Estatuto no puede convertirse en un acuerdo entre partidos, tenemos que ir mucho más allá e intentar aglutinar al máximo de sensibilidades posibles para que la sociedad vasca no lo vea como un acuerdo entre partidos, sino como un texto que pueda hacer suyo. Ese tiene que ser el objetivo y para eso lógicamente hay que dialogar y tendremos que llegar a acuerdos.
¿Son PSE y EH Bildu compatibles en esa vía?
—Yo creo que somos compatibles todos los partidos en esta vía. Todos tenemos que tener muy claro qué queremos en este recorrido y los socialistas vascos tenemos muy claro que queremos conseguir incorporar los derechos sociales conquistados y consolidar el estado de bienestar de Euskadi, que nos diferencia de otras comunidades. También sabemos que no queremos el Estatuto para dar un salto sobre la legalidad o romper el marco de convivencia. Otros tendrán que responder si quieren el nuevo Estatuto para construir la sociedad del futuro o para romper los actuales consensos y tensionar la sociedad, como ha ocurrido en Catalunya.
Arnaldo Otegi habla abiertamente de superar el actual marco legal.
—Claro, pero cuando le pones la hoja de ruta adecuada también se niega. Nosotros entendemos que el actual modelo territorial que tenemos en España hay que mejorarlo y modernizarlo, y fuimos los socialistas los que pusimos encima de la mesa esa cuestión, con un modelo federal y la constitución de una comisión en el Congreso. Y precisamente los que dicen querer superar el marco actual son los que se negaron a ella. Indudablemente, la reforma de la Constitución debe salvaguardar la unidad del Estado pero debe construir un modelo territorial en el que todos nos podamos sentir a gusto. La pandemia nos ha demostrado que cuando se actúa de manera conjunta somos más fuertes. No se trata de romper o de vulnerar la unidad social que tenemos en estos momentos.
Pero más allá de EH Bildu, formaciones como el PNV o Podemos quieren que en el nuevo Estatuto estén presentes el derecho a decidir o la nación vasca.
—Yo preguntaría a esos partidos para qué quieren que estén presentes. El derecho a decidir, planteado como lo plantean, no es un hecho finalista. Si dijeran que es un hecho finalista, estarían engañando a la sociedad. El derecho a decidir, ¿para qué? Esa es la pregunta. Si lo quieren para conseguir la independencia, lo tendrán que decir. En ese sentido, EH Bildu es claro y dice que lo quiere para ser un país independiente. ¿El PNV apuesta por lo mismo? ¿Elkarrekin Podemos apuesta por lo mismo? Nosotros, desde luego, no somos partidarios del derecho a decidir, porque ese derecho ya está consolidado dentro de un marco legal, de un marco constitucional y de un Estatuto que permiten a la ciudadanía tomar decisiones, elegir a sus responsables políticos y elegir a sus gobiernos.
En cualquier caso, lo que sí resulta urgente es completar el vigente Estatuto.
—Indudablemente. Tenemos una tarea pendiente y yo tengo que decir que el actual Gobierno de España tiene un compromiso muy claro en cuanto al cumplimiento de las transferencias pendientes. Hay una voluntad política innegable de completarlo y esperamos que aquellas dificultades administrativas en la materialización de algunas de las transferencias se salven lo antes posible.
Parece que siempre surge algún obstáculo que demora el proceso, como vemos con el IMV. ¿Tan difícil es el traspaso o el ministro Escrivá está poniendo palos en las ruedas?
—Tenemos muy claro que cuando recibimos una transferencia la tenemos que recibir en plenas garantías de que no va a dar problemas. La manera en la que concibe el ministro Escrivá esta transferencia nos genera una serie de dudas y no es lo que los socialistas vascos o el PNV entendemos que tiene que ser. Pero no me cabe ninguna duda de que todos vamos a poner de nuestra parte para que se materialice de la mejor manera posible.
Termina el curso político y en pocos días se cumple un año de las elecciones. ¿Qué valoración hace?
—A nivel parlamentario han sido meses intensos y muy productivos. La pandemia ha condicionado absolutamente todo, y fuera cual fuera la materia todo giraba en torno a la pandemia. Nos ha tocado trabajar en condiciones difíciles y eso nos ha obligado a utilizar nuevos instrumentos y a modificar el reglamento. Ha sido una experiencia, porque a pesar de las circunstancias hemos conseguido que el Parlamento no se ralentice. Y creo que la comunión entre el Parlamento y el Gobierno ha sido importante.
El Gobierno vasco, a pesar de ser de coalición, se desenvuelve como un bloque sólido.
—Sí, yo lo destacaría. Las reglas de juego están muy fijadas por el acuerdo de Gobierno que nos une a PSE y PNV, y la unidad de acción ha sido total. Todos los consejeros están dando lo mejor de sí y el dar esa sensación de bloque pone muy de manifiesto que la coalición PSE-PNV funciona y trabaja con unos objetivos compartidos que hacen de la estabilidad la herramienta más útil para afrontar el futuro.
¿Elkarrekin Podemos puede ser la tercera pata que evite críticas de rodillo?
—Los números son fríos pero son objetivos, y si hacemos un análisis del primer año de legislatura nos daremos cuenta de que los consensos han sido mucho más habituales de lo que se puede percibir desde fuera y ha habido acuerdos múltiples con todos los grupos. Eso pone de manifiesto que el Gobierno no aplica ningún rodillo a pesar de tener mayoría absoluta, una mayoría que nos da también la legitimidad de aplicarla en esta Cámara. Pero nos comprometimos a actuar con generosidad y mano abierta, y lo estamos poniendo en práctica.
¿Qué hay de EH Bildu? ¿Podría abrirse a negociar o apoyar alguna de las futuras leyes de la Cámara?
—A mí sí me gustaría que abandonaran esa estrategia de poner palos en las ruedas al Gobierno constantemente. Entiendo que se hayan erigido en principal partido de la oposición y como tal quieran meter ruido, pero en una situación como la que estamos viviendo, la ciudadanía hubiera agradecido que EH Bildu hubiera sido más propositiva. Eso hubiera demostrado que es un partido con sentido de país. De momento, parece que no lo tienen. Hay partidos que están usando esta situación de pandemia para intentar dañar a los gobiernos y sacar rédito político, lo estamos viendo en Euskadi con EH Bildu e indudablemente en Madrid con un PP radicalizado.
Mirando a futuro, al próximo curso, un hito se producirá en otoño con la llegada de Prisiones.
—Ha sido una transferencia muy ansiada y demandada históricamente. Tampoco va a haber una gran revolución en cuanto a su gestión, pero es verdad que es un tema muy sensible que gestionarlo desde la cercanía va a posibilitar que sea un sistema más eficiente y cuidadoso con cualquier cuestión de la vida de los reclusos y de la política penitenciaria. Además, conociendo la realidad social vasca, vamos a poder gestionar un objetivo primordial como es la reinserción de los presos.
El foco en el Estado vuelve a estar en Catalunya con los indultos. ¿Cómo los valora el PSE?
—Los vemos muy positivamente, hemos avalado y apoyado esta decisión, que es valiente y comprometida. Pero en ningún caso debe verse como un gesto hacia esas personas que cometieron un delito. Esos indultos son un gesto al diálogo, a la búsqueda de consensos y acuerdo. También son un gesto a la reconstrucción de las vías de entendimiento y normalización de las relaciones entre dos gobiernos.
¿De verdad puede funcionar el diálogo con posiciones tan alejadas?
—No diría que puede, sino que debe. Todos tenemos que ser conscientes de que traspasar el marco legal rompe con la convivencia. La sociedad catalana ha vivido en la crispación y división permanente en los últimos tiempos y para que no se vuelva a ello se debe dialogar. No podemos pretender que desde el minuto uno se llegue a un acuerdo o a un consenso en un problema tan grave. Pero si actualmente en Catalunya tenemos un problema de las dimensiones del que hay es porque precisamente la inacción, la falta de diálogo y la política que aplicó el PP con Mariano Rajoy fueron las que dinamitaron la convivencia y provocaron lo que ocurrió el 1-O.
"Los debates identitarios para lo que sirven es para dividir a la sociedad y para generar una fractura que, como se ha demostrado, no aporta nada"
"El derecho a decidir está consolidado dentro de un marco constitucional y de un Estatuto que permiten a la ciudadanía tomar decisiones"
"La ciudadanía hubiera agradecido que EH Bildu hubiera sido más propositiva; eso hubiera demostrado que es un partido con sentido de país"
"La manera en que Escrivá concibe el traspaso del IMV nos genera dudas y no es lo que los socialistas vascos o el PNV entendemos que tiene que ser"