El alcalde Eneko Goia suele ser claro y con la polémica generada en torno a quién paga la subvención al transporte público vasco en 2023, ha vuelto a demostrarlo. No le han dolido prendas para mostrar su malestar con la Diputación foral de Gipuzkoa, especialmente con la diputada de Movilidad Rafaela Romero que anunció a bombo y platillo que en Gipuzkoa todo el transporte va a contar con la subvención del 50% para 2023. Sin embargo y aunque llevamos ya semanas con esta cuestión, seguimos sin tener claro cómo se pagará ese 50%.
En este sentido Eneko Goia subrayó ayer que no se puede realizar un anuncio así sin saber cómo va a financiarse. Y aclaró que es una cuestión que ha hablado con la propia Rafaela Romero y con el propio diputado general Markel Olano. Es un asunto además que ha provocado fricciones entre PNV y PSE, socios de gobierno en prácticamente todas las instituciones vascas e incluso acusaciones de "deslealtad" por parte de los jeltzales.
Finalmente en el Parlamento Vasco el PNV dejó claro que el transporte público en Euskadi estará subvencionado al 50% como ahora y que si el Gobierno español no paga su parte, las instituciones vascas asumirán el montante total. Eso sí, acordó con los socialistas que esto será hasta junio del año que viene y que entonces se evaluará la situación.
Pues bien Rafaela Romero anunció una partida de 12 millones de euros para subvencionar el transporte público en Gipuzkoa para todo el año que viene. Algo que ha criticado el alcalde Eneko Goia que recuerda que es el Ayuntamiento de Donostia al que más le afecta. "Somos el primer operador de Gipuzkoa y el 35% del déficit adicional de esta medida lo soporta el Ayuntamiento de San Sebastián si no existe una fuente de financiación alternativa, pregunta que he hecho de forma reiterada", señala. Y exige al mismo tiempo que esta cuestión se aclare.
Pero Eneko Goia va más allá y plantea el debate sobre la filosofía misma de la iniciativa que establece la subvención del transporte público de manera universal. "Yo soy usuario de transporte público y titular de tarjeta Mugi. ¿Tiene sentido que el Ayuntamiento de San Sebastián, luego los ciudadanos donostiarras, tengan que financiar el 50% de lo que el alcalde utiliza por usar transporte público?", se pregunta recordando que el sueldo que cobra como alcalde es público.
"Se quiere adoptar una decisión cuya idoneidad no pongo en duda. Lo que exijo es que se aclare cuál es la vía de financiación y hoy eso no está aclarado", insiste. En el caso de Donostia, con un 5% de representación en la asamblea del transporte de Gipuzkoa, el gasto adicional podría suponer entre 8 o 10 millones de euros, indicó el alcalde, que recalcó que obligaría a equilibrar el presupuesto restando gasto corriente. "No decimos que no se mejore pero se plantea la mitad de todo, y si no hay financiación y se plantea a cuenta de los donostiarras, yo me planto. O lo aclaramos previamente o que los ciudadanos lo sepan".