Este martes se publica en el Boletín del País Vasco (BOPV) la orden de ejecución forzosa dictada por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que obligará a las empresas de transporte escolar a prestar el servicio en la vuelta al cole. Mañana, por tanto, entrará en vigor esta medida extraordinaria a la que ha tenido que recurrir el Gobierno Vasco para garantizar el autobús escolar después de que el 70% de las rutas hayan quedado desiertas: todas las de Bizkaia, el 83% de las de Araba y cero en Gipuzkoa, cuando todas tenían las mismas condiciones.
Ayer las empresas del sector a las que Educación llevará ante la Fiscalía ante la sospechas de que actúan a modo de cártel para pactar precios se reunieron, aunque no han trascendido las conclusiones de dicho encuentro. La gran duda ahora es si las operadoras finalmente acatarán la orden forzosa de ejecución o le echarán un pulso al Gobierno Vasco, lo que dejaría sin autobús a muchos estudiantes, pero conllevaría graves consecuencias legales a los infractores.
El viernes el consejero Bildarratz denunció que tienen sospechas de que se podría estar produciendo una concertación entre las empresas de transporte escolar para obtener un mayor beneficio de la Administración, y ante estos “indicios de delito” detectados, van a remitir a lo largo de semana esta información a la Fiscalía. Educación ha trasladado ya la actuación “ilícita” de algunas empresas a la Autoridad Vasca de la Competencia.