La prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales que Pedro Sánchez pactó con el PNV para su investidura como presidente del Gobierno entrará en vigor este jueves tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma del subsidio por desempleo en la que se incluye esta medida.
La prevalencia de los convenios autonómicos se acordó en el pacto de investidura del PNV y el PSOE de diciembre de 2023 y estuvo en vigor hasta que el 10 de enero decayó la primera reforma del subsidio por desempleo que la incluía, al no poder ser convalidada en el Congreso por los votos en contra de Podemos, PP y Vox.
La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales y estatales estará condicionada a que su aplicación resulte más favorable para los trabajadores que la fijada en los convenios o acuerdos estatales y a que obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora.
La misma prioridad aplicativa tendrán los convenios colectivos provinciales cuando así se prevea en los acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico y siempre que su regulación resulte más favorable para los trabajadores que la establecida en los convenios estatales.
No obstante, se considerarán materias no negociables en ambos ámbitos, el autonómico y el provincial, el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.
La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales fue una medida que se excluyó de la reforma laboral de 2021, pero quedó incluida en el acuerdo que los nacionalistas alcanzaron con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.
Agentes vascos, a favor
CCOO, UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han expresado su rechazo a esta medida. Mientras que los sindicatos vascos ELA y LAB, así como la patronal vasca están a favor de la prevalencia de los convenios propios.
Cuando se incluyó en la primera reforma del subsidio, las patronales estatales lanzaron un duro comunicado advirtiendo de que, en la práctica, esta medida "atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional" y va en dirección contraria a los esfuerzos que, a nivel europeo, se están desarrollando para reforzar la unidad de mercado como elemento fundamental de competitividad.
"La materialización de este acuerdo político supondrá un deterioro de la cohesión social y de la competitividad española", avisaban CEOE y Cepyme, que afirmaban que se acordó no incluir este cambio normativo en la última reforma laboral pactada con el Gobierno en el diálogo social e incluida como hito necesario para la recepción de fondos europeos.
"Por tanto, el Gobierno, una vez cumplido el mandato de la UE de contar con una reforma laboral pactada con los sindicatos y las organizaciones empresariales, se ha saltado de forma radical los acuerdos alcanzados en el diálogo social. Esto demuestra una falta de lealtad y confianza imprescindible para el diálogo social", alegaron entonces las patronales.
Por su parte, CCOO y UGT han calificado de "intromisión" en las funciones de las organizaciones sindicales y empresariales el que se haya incluido la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los sectoriales en la reforma del subsidio.
En un comunicado, CCOO lamentó que el Ministerio de Trabajo haya apostado por regular este aspecto "sin contar con los agentes sociales". "Desde CCOO hemos venido reclamando la apertura del diálogo social para abordar la articulación de la negociación colectiva entre empresa, sectores y territorios y la prevalencia de los convenios, que es manifiestamente mejorable", recalcó.
Por su parte, UGT advirtió de que este asunto no está "hablado ni mucho menos negociado" con los sindicatos, cuando se trata de un tema de "importancia" y de naturaleza "esencial" de la actividad de las organizaciones sindicales, por lo que debería pasar por el diálogo social.
"El respeto a los interlocutores sociales exigía que, sin afectar a la capacidad legislativa que nuestro texto fundamental reserva al Congreso de los Diputados y a los partidos políticos que en él se encuentran, una modificación del Estatuto de los Trabajadores que afecta a la estructura convencional colectiva fuera tratado, debatido y abordado con carácter previo en la mesa tripartita del diálogo social", defendió UGT.