Esquerra afrontó su primer debate de política general en el Parlament desde la oposición por primera vez en más de ocho años y sumido en una crisis interna pendiente de sus liderazgos. Tras hacer president a Salvador Illa merced a un pacto de investidura, los republicanos avisaron ayer al líder del PSC de que si no hay avances en la financiación singular para Catalunya en la presente legislatura, ni Pedro Sánchez ni él mismo seguirán en el poder si de ERC depende. Así lo constató el presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové: “El cambio de modelo de financiación es fundamental para nosotros. Sin voluntad no habría habido investidura. Sin la concreción en esta materia no puede haber legislatura”, manifestó, precisando que si el PSC o el PSOE rebajan las expectativas en torno a este pacto se quedarán sin mayorías en el Parlament y mirando hacia la negociación de las Cuentas de 2025.
“Nuestro objetivo es que la Generalitat gestione todos los impuestos y que se contribuya a la solidaridad de manera transparente y evaluable. Que cada uno nombre al sistema como quiera, pero en otras latitudes este modelo ya existe y le llaman Concierto”, prosiguió el republicano, que solicitó a Junts “aprovechar juntos la fuerza que tenemos, porque el país se lo merece”. Ante esta advertencia, Illa mostró su compromiso con el acuerdo firmado en agosto y prometió que “nos dejaremos la piel” en el cumplimiento de esas concreciones.
Por su parte, JxCat quiso hurgar en las contradicciones que puede tener el líder socialista: o defender los intereses del PSOE o los de los catalanes. Por ello, el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, retó a Illa a hacer frente al PSOE para mejorar los recursos de la Generalitat. “Nuestros siete diputados en el Congreso hacen el trabajo que su Gobierno y sus 19 diputados en Madrid no hacen”, le espetó, ahondando en la falta de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y poniendo de ejemplo cómo 2017 fue el año en que se ejecutó más dinero para Catalunya. “Nos tratan como una colonia. Este comportamiento es propio de un régimen colonial. Usted ni ha defendido a todos los catalanes”, le censuró Batet evocando las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acerca de la financiación singular.
Amnistía
También aludió a la falta de “normalidad democrática” ante la ausencia de Carles Puigdemont y Lluís Puig como diputados a causa de su exilio. “¿Qué opina el Govern? ¿Qué piensa hacer?”, cuestionó a Illa, quien posteriormente tuvo un gesto hacia el president en el exilio reclamando que se aplique la ley de amnistía. Con todo, Batet le apretó por no haberse reunido con los grupos de la oposición ni con Puigdemont, ni tampoco en una recepción oficial con el presidente del Parlament, Josep Rull. “Con este hecho ya demuestra el respeto que tiene a la presidencia de la Generalitat”, reseñó. Desde Waterloo, Puigdemont no perdió ripio del debate y tuvo ocasión de replicar las promesas de Illa tirando de ironía, especialmente respecto a las de vivienda. ”Promesas Sin Cumplir, PSC “, espetó mediante un tuit al día siguiente de que el president anunciara la construcción de 50.000 viviendas públicas hasta 2030 y una inversión de 4.400 millones de euros. El líder de Junts recordó que José Montilla ya prometió la construcción de 50.000 viviendas protegidas en 2007. “El problema de Catalunya nunca ha sido la falta de promesas ni de anuncios de planes de inversión. De eso hay superávit”, indicó Puigdemont, antes de apostillar que “el déficit lo tenemos en cumplimientos. En este punto debe reconocerse que el partido de las Promesas Sin Cumplir (PSC) es perseverante”.
Desde la CUP, las diputadas Laia Estrada y Laure Vega aseguraron al líder socialista que su voluntad de “gobernar para todos” es imposible y que tendrá que elegir “entre los ricos y el pueblo”, ya que lejos de buscar recetas nuevas aplica las “sociovergentes de siempre. Más cemento, más ruletas y más aviones”.
Inconstitucional
Fondo de fianzas del ‘procés’. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el decreto ley con el que el Govern creó el fondo que permitió que el Instituto Catalán de Finanzas avalara las fianzas que el Tribunal de Cuentas exigió a los líderes del ‘procés’. El Pleno del tribunal de garantías estimó el recurso de Vox a partir de una ponencia del magistrado conservador César Tolosa, pero tendrá consecuencias nulas en la práctica porque este decreto se convirtió en una ley, con el mismo contenido, que está vigente y no ha sido recurrida.