ERC niega un pacto con Sánchez para la extradición a España de Puigdemont

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, negó ayer jueves la existencia de un “pacto por detrás” con el Gobierno español sobre la extradición del president en el exilio, Carles Puigdemont.

Replicó así en una entrevista en Catalunya Ràdio al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, quien dijo que imagina que el procesamiento de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig por un delito de malversación y solo de desobediencia para la secretaria general republicana, Marta Rovira, puede enmarcarse “dentro de un pacto” entre ERC y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Evidentemente no es así y de hecho nos duele mucho que una persona como Boye, pero no es el único, pueda insinuar este tipo de pacto por detrás”, lamentó, y defendió la reforma del Código Penal que los republicanos pactaron con el Gobierno español.

Boye manifestó el pasado miércoles que imagina que se enmarca “dentro de un pacto” el hecho de que se mantenga el procesamiento de Puigdemont por un delito de malversación y desobediencia, mientras que para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, solo se pide la imputación por desobediencia. “Debe haberse acordado algo al respecto o consideran que Rovira era insignificante en el procés de 2017”, apuntó Boye, que aseguró tener un plan para hacer posible la vuelta de Puigdemont y los exconsellers en un plazo breve y razonable.

Sentencia sobre el castellano

En otro orden de cosas relativas a la actualidad catalana, la magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez se apartará de los recursos que afectan a la ley y al decreto ley que evita la aplicación del 25% del castellano en Catalunya, porque avaló ambas normas cuando formaba parte de un organismo asesor de la Generalitat.

Díez ya ha comunicado formalmente al presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, su intención de abstenerse en un recurso relacionado con el 25% que se deliberará en el pleno del próximo martes y los sucesivos vinculados con este asunto, según confirmaron a Efe fuentes jurídicas.

Lo ha hecho tras conocer el orden de día del pleno que arranca el próximo martes y que tratará un recurso relacionado con la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en relación al decreto ley del 25%.

Laura Díez fue vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, órgano asesor de la Generalitat, que emitió un dictamen sobre el decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación y la ley que reconoce el “uso curricular” del castellano, en los que avalaba la constitucionalidad de esas normas.