Un cuarto de hora de teléfono en la tarde del martes desatascó los flecos existentes entre Esquerra y el PSOE a cuenta de la ley de amnistía. La conversación personal que mantuvo Pedro Sánchez con Pere Aragonès puso la guinda a una extensa jornada de largas horas de reuniones en Madrid y enlazando con Barcelona y Ginebra, donde se encuentra exiliada la secretaria general de la entidad, Marta Rovira. El president del Consell Nacional de los republicanos, Josep María Jové, brazo derecho de Oriol Junqueras, así como la vicesecretaria general Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva, Marta Vilaret, participaron en los encuentros con idea de amarrar esta carpeta y avanzar hacia la investidura. ERC acordó incluir en la ley a “a todos los represaliados políticos” con causas penales, civiles, contables y administrativas relacionadas con el procés.
Es decir, a los miembros de Tsunami Democràtic, la plataforma que lideró las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo, investigados por terrorismo, así como los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados por este mismo delito y que fueron detenidos en la Operación Judas. Aunque de entrada el PSOE no estaba dispuesto a que la amnistía acogiera a los imputados por terrorismo, tanto la formación republicana como el Govern avisaron de que era una necesidad imperiosa si Sánchez pretendía cerrar ya un pacto.
Referéndum
Entre tanto, Esquerra dice mantener abiertas las negociaciones sobre “la resolución de conflicto político y el bienestar de la gente”, que incluye el traspaso integral de Rodalies (Cercanías) y corregir el déficit fiscal. “Ha sido la estrategia negociadora iniciada los últimos años lo que ha permitido abordar una ley que es un paso necesario, el punto de partida, para una nueva fase negociadora que tiene que abordar la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español”, consideran. Según afirmó Aragonès, “seguirán trabajando “para hacer posible la resolución del conflicto en clave de reconocimiento nacional y de autodeterminación, y para avanzar en la consecución de más cotas de progreso social y económico para el conjunto de la ciudadanía de los Països Catalans, en favor del bienestar de la gente”. Y es que tienen que trasladar a los suyos, al igual que buscará hacer Junts, que la demanda de un referéndum sigue vigente.
La postura respecto a la plataforma Tsunami Democràtic estaba clara en ERC ya que se le cataloga a este partido como el impulsor de la misma, hasta el punto de que los agentes policiales llegaron a colocar a Rovira al frente de ella, por lo que la dirigente republicana descartó su regreso a Catalunya pese a no estar judicialmente imputada, una situación en la que también se halla el diputado Ruben Wagensberg. La causa sigue abierta en la Audiencia Nacional porque el juez instructor Manuel García Castellón aceptó recientemente la personación de Vox y de la asociación de víctimas del terrorismo como Dignidad y Justicia que reclaman la acusación por terrorismo después de que la Fiscalía, hasta entonces única parte personada, se mostrara partidaria de acusar a los implicados solo por desórdenes públicos, lo que de haberse producido hubiera derivado la investigación a juzgados de Barcelona.