El Gobierno de Escocia recurrirá ante el Tribunal Supremo de Reino Unido el veto de Londres a la ley trans aprobada en diciembre de 2022 por el Parlamento de Holyrood, según adelantó ayer la ministra de Justicia Social, Shirley-Anne Somerville.
“Para defender la decisión democrática del Parlamento y garantizar la protección de la descentralización, el Gobierno escocés presentará una petición para revisar judicialmente la decisión del secretario de Estado”, anunció Somerville, quien recordó que aquel texto contó con una “abrumadora mayoría” en Holyrood.
Somerville señaló que el veto de Londres ha supuesto un “desafío sin precedentes” a la capacidad del Parlamento escocés para legislar sobre asuntos que están “claramente” bajo su competencia, según recoge la cadena BBC.
Así, está previsto que el nuevo Gobierno escocés del ministro principal, Humza Yousaf, ofrezca más detalles después de las vacaciones de Semana Santa sobre este “inevitable” recurso al veto de una ley que agilizaba los trámites y reduce los tiempos para modificar el género por parte de quienes lo soliciten.
Si bien las voces más pesimistas del Partido Nacional Escocés (SNP) han augurado un escaso éxito a la apelación, Yousaf –único de los tres candidatos para sustituir a Nicola Sturgeon que se mostró partidario de emprender acciones legales– ya dijo esta semana que el veto de Londres era “antidemocrático” e “inadmisible”. Esta legislación ya había sido motivo de controversias dentro del partido en el mismo momento de su elaboración, tanto es así que algunos miembros del gabinete de Sturgeon renunciaron, como la aspirante a reemplazarla Ash Regan.
División en el SNP
De hecho, la postura de Neil crece dentro de las filas del Partido Nacional Escocés a medida que se acerca la fecha límite en la que Yousaf deberá anunciar qué decisión emprende su nuevo gobierno acerca del veto de Londres, que para muchos aceleró la renuncia de Sturgeon meses después. En este sentido, el exdiputado del SNP y antiguo ministro de Justicia Social, Alex Neil, aconsejó a Yousaf que se centre en incluir reformas en la ley que recojan “las preocupaciones de las mujeres” en lugar de emprender una batalla legal “sin remotas posibilidades” de prosperar. “Sabemos que acudiendo al Tribunal Supremo, y todos los abogados con los que he hablado me lo han dicho, no tenemos ni la más remota posibilidad de ganar”, señaló ayer en la BBC, donde instó a Yousaf a resolver esta cuestión ellos mismos. “Aprobemos un proyecto de ley que nos una a todos”, pidió.
La reforma reduce a 16 años la edad a la que se puede solicitar a la administración un cambio de género, elimina el requisito de presentar un informe médico y reduce a tres meses el tiempo en que la persona solicitante debe haber vivido conforme al género que reclama –seis meses si se trata de menor de edad–.
Sin embargo, colectivos feministas han expresado su preocupación por el impacto que el texto tendría, por ejemplo, en lo que respecta a los espacios reservados para las mujeres, mientras que Londres insiste en que contraviene la ley de Igualdad de Reino Unido.
La legislación fue aprobada por una gran mayoría y consenso de las distintas formaciones políticas escocesas, dos tercios de su parlamento (86 a favor, 39 en contra), incluyendo representantes conservadores, tras varios años de consulta y escrutinio, pero nunca fue sellada por el rey Carlos III.
Conflicto con la ley de igualdad
El Ejecutivo británico argumenta que las disposiciones de la nueva legislación entran en conflicto con la Ley de Igualdad de 2010 del Reino Unido, que la Cámara escocesa no tendría competencia para modificar, según argumentó el ministro para Escocia, Alister Jack. “El proyecto de ley modificaría la legislación correspondiente a materias reservadas”, afirmó el ministro en su argumentación escrita para activar por primera vez la conocida como sección 35 de la ley que regula la autonomía escocesa, que permite a Londres el veto de ciertas legislaciones. Jack sostuvo que la ley escocesa “tendría efectos adversos graves” para mujeres y niñas.