El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha ejercido tradicionalmente de poli malo, de follonero con las comunidades autónomas, por ejemplo con su propuesta de llevar a cabo un traspaso “temporal” a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que provocó un choque de importantes dimensiones con el Gobierno Vasco. Ayer volvió a las andadas e incendió la cohabitación del Gobierno español con las comunidades en su conjunto al abogar por centralizar impuestos para evitar el “despropósito” de que las distintas regiones compitan entre sí en materia fiscal. Euskadi estaría al margen dado su régimen especial recogido en la Constitución, tal y como recordó ayer el Ejecutivo vasco, pero ello no evitó que el ministro recogiera un alud de respuestas inmediatas y más o menos airadas.
El motivo de este planteamiento de Escrivá fue el anuncio, el pasado lunes, del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que suprimirá el Impuesto de Patrimonio, siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid. En una entrevista en Onda Cero, y a la pregunta de si es partidario de una centralización fiscal por parte del Estado, José Luis Escrivá respondió que “sí”, una opinión que ya defendió en el pasado. Se mostró “sorprendido” por la decisión del Gobierno andaluz y consideró que eliminar Patrimonio es una medida “extraordinariamente regresiva” justo cuando lo que se requiere es hacer políticas redistributivas para las personas más vulnerables por los efectos de la inflación.
Explicó que esta situación deriva de un sistema de financiación autonómica “mejorable” y se mostró a favor del modelo australiano, donde la asignación de recursos autonómicos se decide en función del gasto efectivo per cápita en cada uno de los servicios públicos que se genera. “Es un modelo mucho más fino. En cambio, en España estamos muy instalados en esta cesión de impuestos que tiene mucha tradición, pero que a mi, personalmente, no me gusta y que genera derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días”, subrayó.
Por la tarde, durante el Pleno del Senado y cuando ya se había generado una enorme polvareda, se reafirmó en sus palabras y denunció una “dinámica perversa”, en referencia a la competencia fiscal, que provoca a su juicio “un debilitamiento del Estado del bienestar”.
Concierto y Cupo
De entre las múltiples reacciones que se produjeron, el Gobierno Vasco optó por un tono pedagógico en el que recordó lo que dicta el marco legal vigente, mientras la Comunidad de Madrid puso el grito en el cielo con elevadas dosis de dramatismo. El portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, advirtió a Escrivá de que una eventual modificación del reparto de las competencias sobre fiscalidad requeriría, en el caso de Euskadi, de un acuerdo bilateral, ya que el sistema tributario vasco tiene un carácter “especial”, tal y como contempla la propia Constitución.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, explicó que el sistema fiscal de la CAV es competencia de las diputaciones y juntas generales de cada uno de los tres territorios. Un sistema tributario que tiene su base en el Estatuto de Gernika y que se gestiona a través de las leyes del Concierto Económico y del Cupo, que se actualizan periódicamente, apostilló.
Zupiria recordó que cualquier cambio “siempre debe ser fruto del acuerdo entre ambas partes”, por lo que una de ellas “no puede modificar por su cuenta” el modelo que regula el reparto competencial sobre la fiscalidad de los territorios históricos. “Si en un determinado momento el Gobierno de España piensa que se debe cambiar en algo esta relación fiscal, debería plantearlo en una mesa y contar con el acuerdo de ambas partes; y que nosotros sepamos, no ha habido una propuesta de este tipo”, zanjó.
En un tono diametralmente opuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que abrió la espita del cambio en la fiscalidad, contestó al ministro de Seguridad Social que será “la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos” en la región. Acusó a Escrivá de “amenazar los impuestos de todos los madrileños como lo ha hecho Podemos” y denunció que “no se entiende” que a las comunidades autónomas, que son “motor de creación de empleo y motor económico para España”, se les niegue “esa libertad y esa prosperidad” y se les intente “encerrar”.
Ámbito competencial
Buena prueba del escaso sustrato real de las declaraciones de José Luis Escrivá es que el propio Gobierno al que pertenece le enmendó la plana. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, recordó que la reflexión del ministro es una “opinión personal” y subrayó que cualquier avance sobre fiscalidad en España se impulsará “de la mano del modelo de financiación autonómica”. “En ese contexto es donde ha de llegarse a acuerdos que respeten el ámbito competencial y que garanticen estándares de igualdad de derechos a los españoles, vivan donde vivan”, dijo.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, reivindicó la “corresponsabilidad fiscal” entre autonomías en lugar de la centralización. PP, Vox y C’s defendieron la supresión del Impuesto de Patrimonio y cargaron contra Escrivá, que solo recibió el apoyo del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que llamó a evitar que algunas comunidades sean “paraísos fiscales”. l