José Luis Escrivá incide en el error. Tras admitir haberlo cometido con sus declaraciones sobre el "ajuste moderado" de las pensiones de los nacidos entre los años 50 y los 70, los llamados 'baby boomers', el ministro de Inclusión, Seguridad. Social y Migraciones ha matizado su rectificación, ciñéndola únicamente a las formas, "no me expresé bien", y al momento, "era el día de poner en valor el acuerdo", pero abonando su pretensión de recortar las pensiones de los actuales trabajadores de más de 50 años, que considera ahora una forma de que los hijos de esa generación no soporten el mayor gasto que supondrá la llegada de sus padres a la edad para jubilarse.
"El esfuerzo no puede recaer en los jóvenes. Tenemos que buscar entre todos como evitarlo", ha dicho Escrivá en declaraciones a La Sexta, llegando incluso a extender la idea a otros ámbitos: "Tenemos que interiorizar que ellos no pueden soportar determinados costes y no me refiero solo a las pensiones, sino a todas las políticas públicas, hay que proteger a los jóvenes". El ministro, en cualquier caso, no hace sino repetir las ideas que ya puso negro sobre blanco cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo que dirigió hasta enero del pasado año, cuando fue nombrado ministro. La AIReF afirmaba entonces que el ingreso en el sistema de pensiones de esa generación a partir de 2030 incrementará el gasto en pensiones en nueve puntos porcentuales con una fuerte aceleración en la década de 2030.
Sin embargo, esa justificación del mayor impacto de los 'baby boomers' en el gasto en pensiones por la necesidad de que no sean las siguientes generaciones quienes lo soporten cae por su propio peso, toda vez que el sistema también debería haber obtenido una mayor fuente de ingresos por el incremento de cotizaciones con el mayor número de trabajadores pertenecientes a dichas generaciones que han cubierto la mayor parte de su vida laboral durante las últimas tres o cuatro décadas. En realidad, lo que Escrivá oculta con sus palabras son las carencias en la gestión del sistema, sobre todo, y del sistema mismo, convirtiendo la previsión de trabajadores y empresas y sus aportaciones durante toda la vida laboral en capital público que no asegura sus pensiones sino otras necesidades de gasto y, en todo caso, las de los actuales pensionistas.