A dos semanas de que concluya el plazo que el Gobierno central se marcó para acordar con los agentes sociales la reforma de las pensiones que le reclama la Comisión Europea, las posturas entre las tres partes siguen sin estar cercanas. El Ministerio se reunió ayer de nuevo con sindicatos y patronal, pero sin avances relevantes en los temas nucleares de la negociación: la ampliación del período de cálculo de 25 a 30 años y el destope de las bases máximas de cotización.
El Ministerio que encabeza José Luis Escrivá transmitió a UGT, CC OO y CEOE su propuesta para resolver problemas relativos a la brecha de género, una oferta en la que el acuerdo parece más probable. El Ejecutivo propuso un incremento adicional en los años 2024 y 2025 del complemento de maternidad, que perciben unas 365.000 pensiones. Se trata de una ayuda que está vigente desde febrero de 2021 y que consiste en una cuantía fija de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primero y hasta un máximo de cuatro y se añade a la pensión.
Además de esta idea, el Ministerio llevó a la mesa de diálogo una mejora de la cobertura de lagunas, los períodos en los que no se ha cotizado. De esta manera, se elevaría hasta el 80% de la base mínima entre los meses 49 (cuatro años) al 72 (seis años) a mujeres entre 35 y 45 años, así como a hombres que hayan sufrido una interrupción en su carrera laboral después de haber sido padres. Asimismo, la propuesta de Escrivá incluye también una mejora de la cobertura de los períodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos. La CEOE subrayó que se trata de medidas que van “en la buena dirección”, pero estimó que perjudica más a las mujeres, ya que limitaría la posibilidad de cubrir lagunas de cotización al período entre 35 y 45 años. Por su parte, los sindicatos UGT y CC OO consideraron insuficientes las medidas, pero sin que trascendiera un rechazo explícito a las mismas.
Pero donde no existe acercamiento es en los asuntos centrales de la reforma. El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO, Carlos Bravo, explicó que en la reunión no se abordaron “materias tan importantes como las pensiones mínimas” o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El sindicato insistió en que la intención de Escrivá de elevar de 25 a 30 años de años de cotización para calcular la pensión no figura en las recomendaciones del Pacto de Toledo. “No nos consta que haya un apoyo parlamentario suficiente”, añadió Bravo en referencia a la oposición de Podemos a las tesis de Escrivá. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado la ampliación de los años de cómputo al entender que supone un “endurecimiento” de las condiciones. “Desde CEOE mantenemos nuestra oposición entendiendo que las propuestas suponen tanto un recorte de derechos como un encarecimiento de los costes laborales que perjudicarán al mercado laboral”, remarcó la patronal. Así las cosas, parece cada día más complicado que se pueda alcanzar un acuerdo antes de final de año, al contrario de lo que ocurrió en diciembre de 2021 con la reforma laboral. “El movimiento de la mesa es muy lento, extremadamente lento”, advirtió Carlos Bravo.