Escrivá pide esperar a que la Justicia española interprete el fallo de interinos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, pidió ayer esperar a que los tribunales españoles interpreten la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que considera que el Derecho español no disuade del abuso de interinos en las Administraciones Públicas y plantea hacerlos fijos, ya que se ha hecho una interpretación “muy extensiva” sobre la misma.

Una reflexión que refleja la complejidad del fallo judicial y la incertidumbre que genera en la Administración: algunos cálculos apuntan a que sería necesario transformar en indefinidos a cientos de miles de personas con contrato de personal laboral de larga duración en el Estado. El Gobierno vasco ya anunció en noviembre del año pasado su intención de consolidar la plaza de unos 17.000 interinos. La cifra final podría ser mayor, pero se puede decir que la sentencia de Luxemburgo no coge de sorpresa a Euskadi.

Más dudas parece tener el Ejecutivo español, que, aunque también ha activado procesos de regularización, confía en que los jueces españoles interpreten el fallo de la forma menos lesiva para sus intereses, Así, el ministro Escrivá considera que el Tribunal de Luxemburgo se refiere a “unos casos muy concretos”, y traslada de una forma “clara” a los tribunales españoles la toma de decisiones finales.

De esta manera se pronunció el titular de Función Pública sobre este asunto durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, después de que el jueves se conociera que el TUE apunta “a falta de medidas adecuadas” en la legislación española para prevenir y sancionar con arreglo a las normas europeas los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente.

A juicio de Escrivá, el problema de fondo es la excesiva temporalidad que ha habido en España “durante décadas” y que todavía sigue existiendo. “En España hemos entendido que la flexibilidad en las relaciones laborales se conseguía tanto en lo público como en lo privado (...) teniendo grandes reservas de trabajadores temporales que se podían ajustar para arriba y abajo”, indicó.

Por tanto, esta filosofía de la temporalidad es el motivo por el que Europa “nos entiende mal, nos ha entendido mal y tiene razón para entendernos mal”, reconoció.

Para Escrivá, es necesario caminar hacia un modelo en la Administración que tenga un marco de referencia basado en competencias funcionales, en el que se defina perfectamente qué tipo de funcionarios y trabajadores públicos hace falta y, posteriormente, buscar qué perfil cubre esta función.

Limitar al 8% la interinidad

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó también ayer a las administraciones estatales que la interinidad en la Función Pública no supere el 8% a partir del 31 de diciembre de 2024 “tal y como marca la ley”, tras la sentencia.

En concreto, el sindicato expresó su preocupación porque la temporalidad en las administraciones “sigue estancada” en el 30%. Con todo, reiteró que los procesos selectivos realizados en el pasado no han sido garantía para la estabilización del empleo público.

CSIF solicitó asimismo que concluyan de manera “satisfactoria” los procesos de estabilización iniciados a partir de 2021, indicando que “no deben verse afectados por esta sentencia”. Además, ha reiterado que continuará denunciando el abuso de la precariedad en el empleo y que velará por la seguridad jurídica.

Asimismo, el sindicato ha recordado que la sentencia del TUE ha analizado únicamente tres casos de personal laboral indefinido no fijo (trabajadores de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, la UNED y la Agencia Madrileña de Atención Social), por lo que ha pedido “que no se generen falsas expectativas a corto plazo”.