“España es el único estado de la UE que sigue el sistema de reparto de los jueces por cuotas partidistas”

¿Cómo se explica que la mayor parte de la actualidad política se genere hoy en los tribunales?

Yo creo que esa dinámica, que es absolutamente cierta, responde a los nuevos marcos de debate público que se están imponiendo, que llevan precisamente a que cada vez se haga menos política en los parlamentos y más en los tribunales, porque el debate político está muy condicionado por las redes sociales y otros formatos. Incluso en las propias tribunas parlamentarias ya las intervenciones a menudo están concebidas para ver cómo se difunden en los ámbitos virtuales. Además, los tribunales son espacios muy viralizables y con mucha capacidad de crear impactos potentes. No es lo mismo presentar una enmienda en un parlamento que presentar una querella ante un tribunal.

¿Se libra algún partido de actuar de este modo tan poco ético?

Yo no me atrevo a hacer diferencias entre los partidos, aunque sin duda las hay. Creo que la ciudadanía puede ser bastante madura para saber diferenciar. Lo que sí que es cierto es que entre los principales partidos se han ido imponiendo estas dinámicas y de ahí vienen fenómenos como la etiqueta lawfare.

Que es algo que usted sostiene que existe en el Estado español.

Yo pienso que el término está mal traducido, incluso lingüísticamente. El original no es “guerra de los jueces” sino “guerra jurídica” o “guerra legal”, porque lo que significa es ley o derecho. Implica una instrumentación de los tribunales que puede ser realizada desde el ámbito político, desde el ámbito mediático, desde cloacas policiales y también, por supuesto, puede ser protagonizado por jueces que de manera dolosa incumplan sus funciones. Una prueba de lawfare judicial, por ejemplo, es la condena del magistrado Salvador Alba que hoy está en prisión por intentar dañar la actividad política de la jueza y entonces diputada Victoria Rosell.

Pero esto ocurre porque el sistema está viciado de origen.

Es algo que nos reprocha continuamente el Consejo de Europa, que es que en la designación de los miembros de los altos tribunales se practican en España fuertes injerencias partidistas. Si hay jueces que intentan protagonizar actividades con efectos políticos y no hay desde arriba una lectura clara de imparcialidad, pues yo creo que en el Estado español tenemos un problema muy serio en esto en esto.

¿Le parece explicable que haya sentencias que se sepa cómo van a ser solo en función de la composición de los tribunales?

Esas previsiones del sentido de una sentencia pasan sobre todo en los altos tribunales. Es lo que los periodistas vaticinan y casi siempre aciertan, no solo el sentido de la decisión, sino también la división entre los miembros del tribunal. Y si para acceder a ese tribunal ya ha habido una extracción pactada por cuotas partidistas, no nos puede sorprender que luego las decisiones también sean representativas de esas cuotas partidistas.

Lo hemos normalizado, pero es muy grave que ocurra esto constantemente...

–Lo que nos dice continuamente el Consejo de Europa es que en el Estado español no se accede a los altos tribunales con criterios tasados de carácter objetivo sobre mérito y capacidad, sino a través de decisiones discrecionales y esto ha generado fuertes conflictos en el acceso al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.

No parece que PSOE y PP estén por cambiar esto, que a la cara de todo el mundo se reparten los miembros del CGPJ, como hicieron la última vez el pasado verano.

Como hicieron la última vez y como han hecho desde hace décadas. España es el único país en la Unión Europea que sigue este sistema de reparto de cuotas partidistas. Hubo un país que nos imitó hace unos años, que fue Polonia y no era precisamente el mejor ejemplo. Yo a corto plazo no puedo ser optimista, sobre todo porque nadie renuncia a sus privilegios si no ofrece resistencia. Y, francamente, no percibo que las principales fuerzas políticas estén dispuestas a renunciar a sus privilegios.

No solo en esto. También en las proposiciones de ley sobre cuestiones judiciales, los partidos arriman el ascua a su sardina. A usted no le gusta la que ha presentado el PSOE para, entre otras cosas, limitar las acusaciones particulares.

–A mí la propuesta me parece bastante criticable pues, aunque es cierto que es positivo hacer un debate sobre los límites de la acusación popular, porque, efectivamente, detrás de mucha instrumentalización de los tribunales están los partidos políticos. Pero claro, una cosa es ir a un debate racional sobre esos contornos y otra liquidar la figura de la acusación popular que está en el artículo 125 de la Constitución. Y no olvidemos que la propuesta lo que hace es suprimir o restringir a nivel máximo la actuación de colectivos como plataformas de consumidores, órganos de protección de menores, colectivos contra la violencia de género, grupos ecologistas, entidades de protección de los animales, asociación de vecinos, plataformas anticorrupción, colectivos ciudadanos que son una muestra de participación de la ciudadanía en la administración de justicia. Yo no veo justificación porque precisamente casos como los que he citado no son en general ningún problema y, al contrario, han sido especialmente útiles en muchos procedimientos penales.

¿Y qué me dice de la proposición del Gobierno español para cambiar el acceso a las carreras fiscal y judicial?

–Me parece necesario que se abra una amplia reflexión sobre el acceso a la carrera judicial y algunas cuestiones muy relevantes sobre la judicatura. En concreto, la reforma de la LOPJ resulta positiva en la medida en que intenta evitar discriminaciones por razones económicas en el acceso al poder judicial. Además, resulta razonable acabar con un sistema de oposición exclusivamente memorística, aunque debe garantizarse de forma muy estricta la objetividad en la evaluación de los opositores.

¿Qué le parece que el fiscal general del estado esté siendo investigado por el Tribunal Supremo?

–La causa contra el fiscal general nace de una interpretación discutible del Tribunal Supremo que se lleva arrastrando a lo largo de las diligencias y es que la propia jurisprudencia de nuestro alto tribunal dice que solo se pueden abrir causas contra aforados cuando hay indicios muy cualificados. En este caso, a mí me parece que no hay ni por asomo elementos relevantes que digan cómo lo filtró, a quién se lo filtró ni de qué manera. A partir de ahí, opino que el fiscal general debería dimitir si aparecieran esos indicios muy cualificados. Mientras no aparezcan, yo lo que sigo viendo es que hay unas sospechas que está investigando el Tribunal Supremo que, al menos hasta hoy, no se han materializado en elementos de conexión claros.

Respecto a otras cuestiones de la actualidad reciente. ¿Qué opinión tiene sobre el interrogatorio más que incisivo del juez Carretero a la actriz Elisa Mouliáa, en la denuncia contra Iñigo Errejón?

–Creo que resulta necesaria una mayor formación en perspectiva de género en la judicatura, con la finalidad de acabar con sesgos discriminatorios que pueden afectar a mujeres que denuncian presuntos delitos sexuales. Además, pienso que los interrogatorios de los jueces deben abordarse con el máximo respeto a las personas declarantes, sin mostrar prejuicios que comprometan la imparcialidad y con una escucha activa incompatible con interrupciones constantes, como establecen las reglas de actuación judicial.

¿Cómo explicamos que haya jueces que parece que se han rebelado contra la ley de amnistía y no la aplican?

–Yo no diría que ha habido una rebelión, sino que ha habido una interpretación jurídica que para mí es cuestionable. Me parece que, como muy bien explicó la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, la amnistía es una figura jurídica plenamente compatible con el Estado de Derecho, siempre y cuando sirva de forma proporcionada a los fines de reconciliación y también normalización institucional. Y que se ha utilizado en muchos países europeos, incluso en supuestos delitos violentos.

Todo esto conecta con lo que usted expone en su libro más reciente. En el título habla de ‘Jaque a la democracia’. ¿Tan grave es la amenaza? Lo llamativo es que el jaque venga a través de las urnas....

–Sí, porque precisamente la gran diferencia de los fascismos de hace un siglo con la nueva extrema derecha es que estos últimos partidos ni utilizan la violencia ni proponen regímenes dictatoriales, sino que son puestos por democracias autoritarias. Como ocurre por ejemplo en Hungría, que es un país que ha consolidado bastante estos principios y además en la Unión Europea, a pesar de todas las sanciones de los organismos comunitarios. En Hungría hay elecciones pero siempre las gana el mismo partido.

Pero eso hace que sea muy difícil desmontarlos porque pasan por las urnas y siguen ganando. Y, de hecho, han creado las condiciones para seguir ganando.

–En ese debate nos encontramos actualmente: cómo se responde ante fuerzas políticas que no aceptan los principios de la democracia liberal. Porque el problema para mí no es que partan de postulados ultraconservadores, porque esto siempre que se acepta la democracia pluralista, no tiene por qué ser un problema. Lo más preocupante es que estamos ante fuerzas políticas que no reconocen el principio sagrado de la democracia, que es que el adversario no es un enemigo al que perseguir o al que intentar silenciar sino que es un rival legítimo y que tiene derecho a gobernar si gana unas elecciones.

¿Es efectivo combatir esta realidad con eslóganes y apelaciones a luchar contra el fascismo, un término banalizado?

–Los nuevos partidos ultraconservadores no son fascistas pero, precisamente por eso, tienen más posibilidades de triunfar y pueden ser más peligrosos a la hora de imponer sus postulados.